El colectivo, que se opone la explotación petrolera en el Yasuní, solicitó medidas cautelares para precautelar la integridad de sus integrantes.

GUAYAQUIL. Hasta finales de octubre el Gobierno de Ecuador tiene plazo para responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el perdido de medidas cautelares solicitadas para 100 activistas del colectivo Yasunidos que recolectaron las firmas para una consulta popular para la no explotación del Yasuní y que fue negada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los miembros de la organización Yasunidos aprovecharan la reunión temática que instalará la CIDH el próximo 27 de octubre en Estados Unidos, donde se requerirá del organismo el estado en el que está la petición formulada en mayo anterior, así lo confirmó Jorge Piedra, vocero de la organización.

La solicitud, explicó, fue para precautelar la integridad y la vida de los 100 recolectores de las firmas para la consulta que inicialmente fueron amenazados con juicios por parte del Estado; es más, contó el caso del dirigente David Mármol, quien fue agredido por la Policía.

Según Piedra, el Gobierno pidió más tiempo para poder presentar su posición al respecto y fue aceptado por la CIDH. El plazo para la respuesta vence este mes. Cree que la coyuntura ahora es distinta a lo que pasó meses atrás, y dijo que existe el temor de que esta persecución continúe, una vez que se active la lucha por el Yasuní.

El dirigente reveló que la reunión de la CIDH será aprovechada por el colectivo Yasunidos para formalizar la demanda contra el Estado por la negativa de validar las firmas recolectadas para que se convoque a consulta sobre la no explotación petrolera en el Yasuní.

La acción será presentada una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negaron el recurso de objeción y apelación presentado a la resolución que desechó la consulta popular, bajo el argumento que no se reunieron las firmas necesarias para el referéndum que determina la Constitución (650 mil rúbricas que representa el 0.5% del último padrón electoral).

Sin embargo, a decir de Jorge Piedra, se entregaron más de 730 mil firmas, y que desechando las erróneas se cumplía con el requisito.

La demanda, que fue estructurada por los abogados Julio César Trujillo, Ramiro Ávila, Patricia Carrión y Jorge Piedra, tiene como propósito que la CIDH apruebe el proceso electoral, tomando en cuenta que se trata de un derecho contemplado en los instrumentos internacionales.

Según el vocero, dada la importancia, el tema Yasuní será discutido por una mesa específica donde se hablará sobre los riesgos y las violaciones que están sufriendo las poblaciones en aislamiento voluntario y la vulneración a los derechos políticos que sufrieron más de 700 mil ecuatorianos al no poder ejercer su derecho a realizar una consulta popular.

Considera que el tema tiene trascendencia porque a nivel internacional ayuda a conocer lo que sucede en el Ecuador, y, a la vez, ayuda a presionar al Estado ecuatoriano de que se abstenga de continuar con su política extractiva. (DO/La Nación)