¿Y AHORA QUIÉN PODRÁ AYUDARNOS?
Dr. Jorge Alberto Norero Gonzaléz/Guayaquil.
(I)
Ciertamente, el ser humano necesita descansar.
Nadie puede sostener indefinidamente jornadas de trabajo, presión, peligro y responsabilidad sin que el cansancio termine afectando sus capacidades físicas, intelectuales y psicológicas. Esto es particularmente cierto en las Fuerzas Armadas, la Policía y en todos aquellos organismos cuya misión exige tomar decisiones bajo presión y, muchas veces, arriesgar la propia vida.
Los grandes ejércitos del mundo conocen perfectamente esta realidad.
Una fuerza militar no solamente necesita armas, municiones, inteligencia y tecnología: necesita hombres y mujeres en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para combatir. Por eso existen relevos, rotaciones, permisos, vacaciones, reservas activas y mecanismos para sustituir temporalmente a quienes necesitan descanso.
La pregunta que debemos hacernos en Ecuador, entonces, no es si nuestros soldados, policías, ministros o gobernantes tienen derecho a vacaciones.
Claro que lo tienen.
La pregunta es otra:
¿Son compatibles determinadas ausencias, viajes y vacaciones con la situación excepcional que el propio Estado declara estar viviendo?
Y esa pregunta, en democracia, no solamente es legítima: es necesaria.
¿Estamos en guerra o no?
El Gobierno ha hablado de conflicto armado interno. También hemos escuchado hablar de guerra contra las organizaciones criminales, guerra híbrida, grave conmoción interna y estados de excepción.
No son palabras menores.
El propio Ejecutivo ha renovado recientemente el estado de excepción por grave conmoción interna en diez provincias y tres cantones, argumentando la persistencia de la violencia y de las estructuras del crimen organizado.
Y si estamos realmente frente a una amenaza de esa magnitud, entonces debemos preguntarnos si todas las estructuras del Estado están funcionando bajo la lógica correspondiente a una emergencia nacional.
Porque resulta difícil explicarle a un ciudadano que debe aceptar restricciones, posibles toques de queda, incremento de impuestos, eliminación o reducción de subsidios y sacrificios económicos porque el Estado necesita recursos para enfrentar la guerra, mientras observa simultáneamente a determinados responsables de conducir esa misma guerra desplazándose al extranjero para asuntos personales o disfrutando de sus vacaciones.
No estoy diciendo que no puedan descansar.
Estoy preguntando si existe un sistema de relevos que garantice que, mientras ellos descansan, quienes los sustituyen poseen exactamente la autoridad, información, experiencia y capacidad necesarias para tomar decisiones estratégicas.
Esa es la diferencia.
El ejemplo de los portaaviones
Pensemos por un momento en un portaaviones como el USS Abraham Lincoln.
Es prácticamente una ciudad flotante: miles de personas, aeronaves, médicos, ingenieros, operadores, marinos, pilotos y especialistas viviendo durante largos períodos en un espacio limitado, sometidos a presión operacional y separados de sus familias.
Incluso en organizaciones militares de semejante dimensión, el factor humano termina siendo determinante.
El cansancio existe.
La tensión existe.
La claustrofobia existe.
La necesidad de relevar y rotar al personal existe.
Porque una fuerza agotada deja de ser una fuerza eficaz.
Entonces surge una pregunta todavía más incómoda:
Si los ejércitos más poderosos del mundo saben que el factor psicológico puede convertirse en un elemento crítico de la capacidad operacional, ¿qué estamos haciendo nosotros para preservar a nuestros hombres en una guerra que llevamos años diciendo que estamos librando?
Mientras unos salen, otros salen de las filas
Hay otro asunto que merece explicación.
Mientras Ecuador necesita más policías y militares en las calles, mientras las organizaciones criminales disputan territorio, mientras aumentan las extorsiones y mientras el Estado insiste en que enfrenta una amenaza extraordinaria, también conocemos procesos normales de carrera institucional mediante los cuales oficiales y personal policial o militar pueden quedar fuera de la institución por no alcanzar las condiciones requeridas para ascender.
En tiempos normales, eso puede ser perfectamente comprensible.
Las instituciones necesitan renovación, meritocracia y disciplina.
Pero una emergencia nacional obliga a hacerse una pregunta adicional:
¿Tenemos suficientes hombres para enfrentar la amenaza que decimos enfrentar?
Y si la respuesta es que necesitamos más personal, más inteligencia, más experiencia y más capacidad operacional, ¿no debería existir un mecanismo extraordinario para aprovechar temporalmente la experiencia de determinados oficiales y miembros retirados o en situación de disponibilidad?
No estoy proponiendo destruir la carrera militar o policial.
Estoy proponiendo que pensemos como un Estado que está realmente en emergencia.
En una guerra, la experiencia de un comandante no desaparece simplemente porque administrativamente llegó el momento de su retiro.
Los ejércitos tienen reservas.
Los Estados tienen mecanismos de movilización.
Las instituciones tienen relevos.
Porque cuando la supervivencia nacional está en juego, el conocimiento también es un recurso estratégico.
El caso que obliga a preguntar
Y entonces llegamos a un episodio que, independientemente del dolor que produce, merece explicaciones públicas.
El director del Centro Nacional de Inteligencia, Michele Sensi-Contugi, falleció junto con su esposa el 19 de agosto en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia, cuando se dirigían hacia una reserva natural en una excursión turística. La Presidencia confirmó posteriormente su fallecimiento y el Gobierno designó a un nuevo director encargado del CNI.
No corresponde convertir una tragedia personal en un juicio moral.
Tampoco corresponde especular sobre las causas del accidente mientras las autoridades competentes investigan.
Pero sí corresponde formular una pregunta institucional:
¿Cómo se administra la disponibilidad de la máxima autoridad de inteligencia estratégica de un Estado que oficialmente enfrenta una grave crisis de seguridad?
Eso es completamente diferente.
La inteligencia no puede tomarse vacaciones.
El sistema puede permitir que una persona descanse, naturalmente.
Pero la función debe permanecer permanentemente cubierta.
Y precisamente por eso queremos saber cómo funcionan los mecanismos de reemplazo, continuidad y disponibilidad de quienes ocupan las posiciones más sensibles del Estado.
¿Y los 30 coroneles?
También se ha conocido públicamente la polémica relacionada con el viaje a Europa de alrededor de 30 coroneles de la Policía Nacional, en circunstancias relacionadas con su proceso de calificación para ascensos.
Las fotografías publicadas en redes sociales junto a sus esposas han generado críticas.
Pero aquí debemos ser responsables: una fotografía no demuestra por sí misma una irregularidad.
Lo que sí demuestra es que existe una percepción ciudadana que el Estado debería atender.
Porque mientras esos oficiales aparecen disfrutando de un viaje, millones de ecuatorianos viven encerrados por miedo, pagan extorsiones, cambian sus rutinas, colocan rejas en sus viviendas y se preguntan si podrán regresar vivos a casa.
La percepción también gobierna.
Y cuando existe una contradicción aparente entre el discurso oficial y la conducta de quienes deben conducir la respuesta institucional, la obligación del Gobierno es explicar, no indignarse con quienes preguntan.
No queremos generales exhaustos
Hay algo que quiero dejar absolutamente claro.
No quiero generales agotados.
No quiero policías exhaustos.
No quiero soldados psicológicamente destruidos.
No quiero ministros incapaces de pensar después de meses sin descanso.
Y tampoco quiero un Presidente tomando decisiones trascendentales sin dormir.
Quiero exactamente lo contrario:
Quiero un Estado profesional que sepa organizar los relevos necesarios para que quienes descansan puedan hacerlo sin que el país quede desprotegido.
Eso es lo que hacen las organizaciones serias.
No se trata de impedir las vacaciones.
Se trata de garantizar la continuidad operacional.
Porque algo no hace «click»
Aquí está el verdadero problema.
Si estamos en guerra, necesitamos una estructura de guerra.
Si estamos en conflicto armado interno, necesitamos planificación permanente.
Si estamos frente a una guerra híbrida, necesitamos inteligencia, contrainteligencia, ciberseguridad, diplomacia, economía y seguridad funcionando coordinadamente.
Si estamos en grave conmoción interna, necesitamos instituciones funcionando a su máxima capacidad.
Pero si simultáneamente vemos vacaciones, viajes, cambios de personal, retiros, ascensos, salidas del servicio activo y autoridades fuera del país, entonces el ciudadano tiene derecho a preguntar:
¿Dónde está la continuidad operacional del Estado?
Porque una cosa es decirle al pueblo:
«Estamos en guerra; necesitamos que ustedes hagan sacrificios.»
Y otra muy distinta es demostrar que todo el aparato estatal está haciendo exactamente lo mismo.
No jueguen con la palabra «guerra»
Aquí es donde el Gobierno debe tener mucho cuidado.
La palabra guerra no puede convertirse en una herramienta política para justificarlo todo.
No puede utilizarse para pedir sacrificios económicos cuando conviene y luego olvidarse de sus exigencias cuando llega la hora de administrar el poder.
Si realmente estamos en guerra, necesitamos transparencia sobre:
– quién conduce las operaciones;
– quién reemplaza a los altos mandos durante sus ausencias;
– cuáles son los protocolos de disponibilidad;
– cómo se administran las vacaciones;
– cómo se realizan los relevos;
– qué personal permanece en reserva;
– cómo se conserva la experiencia de oficiales retirados;
– cuál es la estructura de mando ante una crisis;
– y cuánto dinero está destinando realmente el Estado a sostener el esfuerzo de seguridad.
No son preguntas antipatrióticas.
Son preguntas patrióticas.
Porque quienes apoyamos a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Policía queremos que tengan todo lo necesario para cumplir su misión dentro de la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho.
No confundamos crítica con traición
Criticar al Gobierno no significa atacar a las Fuerzas Armadas.
Preguntar no significa conspirar.
Exigir explicaciones no significa estar del lado de los criminales.
Todo lo contrario.
Quienes amamos nuestras instituciones debemos exigirles excelencia.
Y precisamente porque respetamos al soldado, al marino, al aviador y al policía que está en la calle enfrentando al crimen, no podemos aceptar que el peso de esta supuesta guerra recaiga exclusivamente sobre ellos y sobre una ciudadanía aterrorizada.
Los que toman las decisiones también deben responder.
Los que diseñan la estrategia también deben rendir cuentas.
Y quienes declaran que el país está en guerra deben explicarnos qué significa realmente estar en guerra.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
Quizá la respuesta no sea un nuevo decreto.
Quizá no sea otro estado de excepción.
Quizá tampoco sea otro toque de queda.
Quizá lo que necesitamos es algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más difícil:
un Estado coherente.
Un Estado que diga la verdad.
Un Estado que planifique.
Un Estado que releve a sus hombres sin perder capacidades.
Un Estado que conserve la experiencia de quienes todavía pueden servir.
Un Estado que cuide a sus soldados y policías.
Un Estado que proteja a sus ciudadanos.
Un Estado que no utilice la palabra guerra como argumento propagandístico.
Y un Estado cuyos máximos responsables comprendan que gobernar durante una crisis no significa renunciar al descanso, pero sí significa garantizar que el país nunca quede sin conducción.
Porque mientras nosotros seguimos encerrándonos detrás de las puertas de nuestras casas, mirando hacia ambos lados antes de salir y preguntándonos si la próxima extorsión, asesinato o secuestro tocará nuestra puerta, hay algo que no podemos permitirnos perder:
la confianza en quienes tienen la obligación de protegernos.
Y si esa confianza se pierde, entonces sí estaremos ante una verdadera emergencia nacional.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
La respuesta, por supuesto, debería ser:
un Estado que funcione.
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