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Veto parcial del Ejecutivo de Ecuador busca aplicar de manera efectiva ley sobre paraísos fiscales

La Asamblea aprobó el mes pasado un proyecto de Ley para poner en ejecución el pronunciamiento popular sobre los paraísos fiscales.

Guayaquil. Con el objetivo de aplicar de manera efectiva la Ley aprobada por la Asamblea Nacional, el presidente Lenín Moreno objetó parcialmente el proyecto de normativa mediante el cual se busca aplicar la consulta popular del 19 de febrero de 2017 sobre la prohibición para servidores públicos de tener capitales y bienes en los denominados paraísos fiscales.

El veto parcial, enviado a la Asamblea el 28 de julio de 2017, busca que la voluntad popular sea cumplida de manera ineludible, sin posibilidades de evasión, y sin dilatar la sanción de destitución para quienes la incumplan, detalla la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

La objeción propone básicamente eliminar excepciones innecesarias, evitando que existan servidores públicos que puedan estar al margen de la prohibición aprobada en el mandato popular; y, que la sanción de destitución para los servidores que incumplan la ley sea inmediata, una vez que se cuente con la verificación de la Corte Constitucional, para el caso de autoridades sujetas a control político; evitando que el trámite tenga que ser remitido a la Asamblea Nacional.

En ese sentido, el documento original otorgaba excepciones a tres tipos de servidores públicos de la prohibición de tener bienes en paraísos fiscales: personal del servicio exterior, servidores que accedan a becas de estudios en países considerados paraísos fiscales y candidatos a asambleístas por el exterior con residencia en paraísos fiscales.

La objeción establece que efectivamente el personal del servicio exterior se justifica, pero no un servidor público que puede escoger en la oferta académica mundial una universidad en un país que no sea paraíso fiscal. De igual manera, quien aspire ser candidato por el exterior, como todos los demás candidatos, deberá escoger entre candidatizarse o tener bienes en paraísos fiscales. Por ello se eliminaron las dos últimas excepciones por considerarse innecesarias al mandato popular.

Por otra parte, el artículo 8 del proyecto de ley establece la sanción de destitución a quien incumpla la prohibición y establece que la Contraloría notifica a la autoridad nominadora la obligación destituir al funcionario. En la objeción se aclara que esto aplica para los funcionarios en general, no para los de elección popular, sometidos a control político y otros magistrados, pues en estos casos, se envía a la Corte Constitucional, conforme lo dispone el mismo proyecto de ley en su artículo 9.

Otra observación se hace al artículo 9 en el cual se dispone que la decisión de la Corte Constitucional respecto de la sanción no debe pasar a la Asamblea u otro organismo, esto con la finalidad de aplicar la inmediatez de la destitución.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia consideró que una vez que la Corte Constitucional se pronuncia, no cabe sino aplicar la destitución directamente, ya que si el expediente vuelve a un cuerpo colegiado (entes seccionales), o a la Asamblea, se abre la posibilidad de que no existan votos para ejecutar la sanción, con lo cual se podría burlar el mandato popular.

La objeción presidencial también aclara que el requisito de presentar una declaración jurada de no incurrir en la prohibición de tener bienes en paraísos fiscales para inscribir candidaturas debe ser  ante un notario público, lo cual no estaba especificado en el proyecto original.

Respecto a la Disposición Reformatoria Cuarta que contempla una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, el veto incluye una reforma para que también sea requisito para el ingreso al servicio público una declaración jurada ante notario de no incurrir en la prohibición de tener bienes en paraísos fiscales.

Finalmente sobre la Disposición Reformatoria Sexta que tiene que ver con una reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la objeción incluye en esa normativa la facultad de la Corte Constitucional de ejercer lo dispuesto en la Ley aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero de 2017, con el objetivo de mantener concordancia entre los dos cuerpos legales.

El 55.12% de los ecuatorianos aprobó la iniciativa del gobierno del expresidente Rafael Correa en el marco de la lucha contra la corrupción y el 44.88% se pronunció en contra. (ANDES/LA NACIÓN)