Diario El Espectador de Colombia

Venezuela vive otra compleja situación, en esta ocasión relativa a su abultada deuda externa, al no poder honrar el pago de US$200 millones que debía cancelar en estos días. La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s declaró al país en “default parcial”, al igual que a la estatal petrolera PDVSA, dejando a Venezuela ad portas del incumplimiento crediticio total. De esta manera, Caracas queda con pronóstico reservado, sin posibilidad aparente de recuperación a corto plazo.

La pregunta no era si se llegaría a esta situación, sino cuándo. Todos los indicadores del tablero de mando de la economía venezolana así lo señalaban. Tras la caída de los precios del petróleo y la grave situación política y social del país, el Gobierno acudió de nuevo a China y Rusia para tratar de paliar la crisis sin resultado positivo. Mientras, a nivel interno, los ministros del área económica y social debían importar productos básicos de primera necesidad con menos dólares derivados de la venta del crudo. Al mismo tiempo debían asegurarse de pagar los intereses de los bonos de deuda emitidos para evitar sanciones internacionales, aun a costa del desabastecimiento de alimentos y medicinas que vinieron aparejados.

Las cifras son alarmantes. La deuda externa es de unos US$150.000 millones. En las próximas semanas deberá pagar US$1.470 millones adicionales, que se suman a US$8.000 millones que deberá cancelar el año entrante. Sus reservas internacionales no llegan a los US$9.600 millones. Dichos ahorros no van a alcanzar para cubrir los desembolsos que se le vienen encima y además cubrir las divisas necesarias para importar alimentos y medicinas. A lo anterior hay que sumar otra noticia igualmente preocupante: la caída en la producción de petróleo en octubre, por debajo de los dos millones de barriles diarios. Este hecho no se había presentado en los últimos 30 años.

En otras circunstancias, un gobierno democrático habría podido emitir bonos en los mercados internacionales. De acuerdo con la Constitución, debe ser la Asamblea Nacional (AN) la que autorice dicha emisión. De allí las medidas inconstitucionales adoptadas por el régimen al convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que desplazara a la AN y asumiera sus funciones, entre ellas aprobar la salida de nuevos bonos. Sin embargo, para los mercados internacionales, y luego de las sanciones que han impuesto Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, así como el desconocimiento de la ANC por un buen número de países de la región, no se va a aceptar nada que provenga de una ANC fraudulenta, producto de un gobierno en total descrédito.

De otro lado, el vicepresidente, Tareck El Aissami, convocó a una urgente reunión el lunes pasado en Caracas para iniciar el proceso de renegociación de la deuda. Sin embargo, la misma no arrojó ningún resultado concreto y se percibió como otro fracaso más para el Gobierno. De los cerca de 400 acreedores invitados a la reunión de emergencia, tan sólo asistieron unos 150. En especial porque nadie quiere entrar en conflicto con el gobierno de EE. UU. por las sanciones y amenazas que Washington expidió contra Venezuela en agosto pasado. De otro lado, porque tanto El Aissami como el ministro de Finanzas, Simón Zerpa, figuran con nombre propio en la lista de sancionados y nadie quiere entrar a la “lista negra” por negociar con ellos.

Así las cosas, el país vecino continúa inmerso dentro de la tormenta perfecta para su maltrecha economía: precios bajos del crudo que no parecen tener mejoría a corto o mediano plazo; mínimas reservas internacionales; creciente dificultad para obtener créditos que le permitan al país recibir algo de oxígeno; imposibilidad legal de emitir bonos en el exterior. De caer en un default definitivo, Venezuela quedaría en una situación de paria internacional.

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