Opinión

Una solución en busca de un problema

La causa que preocupa a nuestros congresistas es el alargue de los periodos de alcaldes.

Creería uno que, ante el sinnúmero de problemas por resolver que tiene el país –cuya enumeración parcial incluiría la recuperación de la economía, la lucha contra la corrupción, el descuadre del presupuesto, la debacle de la justicia, la financiación de la educación, la elevada carga tributaria de las empresas, el cuidado del medioambiente, los déficits de la salud y de las pensiones, el colapso de la movilidad en las ciudades, la llegada masiva de refugiados venezolanos, la guerra contra el narcotráfico y las bandas emergentes del posconflicto, los inacabados proyectos de infraestructura que dejó el gobierno anterior, las crisis de Electricaribe y la Triple A en la Costa, el avance de la fiebre aftosa, la inminencia del fenómeno meteorológico del Niño y la imparable y cada vez más prematura invasión de arbolitos de Navidad por esta época del año–, creería uno, decía, que estos asuntos, o al menos parte de ellos, deberían dominar la agenda de nuestros legisladores en el Congreso.

Pero no. La causa que preocupa a nuestros congresistas por estos días no es ninguna de las anteriores, sino el alargue, por una única vez, de los periodos de alcaldes, gobernadores y otros funcionarios del orden regional, con el fin de alinearlos con el del presidente de la república.

Un sinnúmero de problemas por resolver que tiene el país. Pero la causa que preocupa a nuestros congresistas es el alargue de los periodos de alcaldes, gobernadores y otros funcionaros
El proyecto, que exige una reforma constitucional, tiene defensores y detractores. Pero, antes de considerar sus argumentos, insisto en preguntar: habiendo tantos temas urgentes que atender, ¿realmente es eso lo que debe dominar el debate público en este momento? ¿Algún sector ciudadano estaba exigiendo esa medida? ¿Me perdí, por estar distraído, el clamor popular por la unificación de periodos?

Los defensores de la propuesta afirman que las múltiples elecciones que hoy tenemos cuestan dinero que podríamos ahorrarnos si todas se hicieran el mismo día. Agregan que unificando los periodos se coordinan mejor los planes de desarrollo de las regiones con el nacional. Y añaden que, bajo el esquema actual, los gobernantes regionales tienen que lidiar dos veces por mandato con la veda de la Ley de Garantías para poder contratar, cosa que entorpece su labor.

De los tres argumentos, el mejor es el primero. Sí, no estaría mal ahorrarnos esa plata. Pero, por lo mismo, una alternativa interesante a esta medida sería exigirle a la Registraduría que innove en materia de reducción de costos (con la aplicación de nuevas tecnologías, por ejemplo), algo que no les reclamamos con suficiente insistencia a nuestras entidades públicas. En cuanto al segundo, no estoy seguro de que unificar periodos promueva necesariamente el desarrollo regional. Los periodos desfasados que tenemos hoy constituyen un contrapeso de facto de las regiones al poder central. Unificándolos, tendríamos un Estado más monolítico y menos democrático. En cuanto a la Ley de Garantías, esa es una de esas reglas extrañas que toleramos los colombianos y evidencian cierto fracaso social, como la ley seca el día de las elecciones o la prohibición de usar celulares en los bancos. Todas esas restricciones tienen algo en común: en lugar de enfrentar un problema –el atraco, el clientelismo, la alteración etílica del orden público–, capitulan ante él. Somos impotentes contra la corrupción, así que ¡que nadie se mueva! Si el problema es la Ley de Garantías, ¿no es más razonable modificarla para que no paralice la gestión pública que cambiar la Constitución para hacerle el quite?

Los enemigos de la reforma aducen que es inconstitucional e impolítica. Yo añadiría que, para colmo, es innecesaria, puesto que nadie, salvo cierto sector de la clase política, la está reclamando. Su mayor virtud es ser un buen ejemplo de una solución en busca de un problema.

 

 Por: Thierry  Ways