Economía

Tres de cinco ecuatorianos toleran la corrupción

La corrupción encarece el costo de los bienes y servicios; contribuye a que millones del dinero público se pierdan y no vayan a sectores como salud y educación, y, en muchos casos, se inviertan en obras sin ninguna utilidad.

Un ejemplo es la llamada Refinería del Pacífico, donde se botaron más de $1.500 millones en terrenos aplanados: con ese monto se podrían construir 800 escuelas en zonas rurales.

Según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), uno de cada cuatro ecuatorianos reconoce haber sido presionado para pagar sobornos; tres de cada cinco siente que la mayoría de la sociedad no se preocupa por la corrupción; y cuatro de cada cinco creen que los sistemas judiciales ayudan a la impunidad.

El 15% de las empresas reconocen haber sobornado para asegurar contratos públicos o privados.

Luis Carranza Ugarte, presidente del CAF, quien estuvo presente en el foro que dio ayer en Quito por los 50 años de la entidad, explicó que la corrupción genera altos costos: “Aumentan los montos que se pierden en infraestructuras, que, en los peores casos, se llevan a cabo sin obtener la rentabilidad social mínima requerida”.

Además, recalcó que la poca transparencia en la gestión pública provoca que el crecimiento económico no se refleje en una mayor clase media, en un mayor porcentaje de personas que salen de la pobreza, con lo que se genera una tensión creciente entre lo político y lo social.

A pesar de que, en la mayoría de las ocasiones, la discusión sobre la corrupción se queda en los malos manejos de los gobernantes, que, en Ecuador, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) costó $70.000 millones en la década correísta, también se debe analizar a nivel de los ciudadanos.

Fernanda Somuano, profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales de México, recalcó que, aunque la realidad es mucho más preocupante de lo que revelan las estadísticas: “No toda la gente y las empresas que han sobornado, o han sido sobornadas, lo reconoce: parte justifica la corrupción como vía para agilitar procesos”.

Marisol Argueta, directora para América Latina y el Caribe del Foro Económico Mundial, recordó que las prácticas no transparentes cuestan, a nivel global, el 5% del PIB.

“La corrupción, tanto pública como privada, crea mucha desconfianza en las instituciones, impacta el crecimiento, provoca la perdida de recursos que deberían ir a los programas sociales, impacta en la productividad y la competencia libre y justa, impiden las inversiones y los negocios”, dijo. (La Hora)