Opinión

Transparencia y Justicia

Margarita Dager Uscocovich.

Desde E.E.U.U. para La Nación de Guayaquil-Ecuador.

En Ecuador, se fue testigo en el año 2024 de la enorme falla que existe en la Constitución para castigar a los femicidas. Las leyes que favorecen a la mujer no ofrecen ninguna seguridad ni a corto ni a largo plazo cuando suceden estas aberrantes desapariciones o ejecuciones de mujeres. La etnia, la clase o el estatus social no son limitantes para que se le arrebate la vida a una mujer de un tajo.

Si esta situación ocurre dentro de las instituciones de cualquier fuerza del orden (Policía, Ejército, Marina, etc.), las experiencias para resolver un caso y señalar a los culpables son, de forma determinante, una gran dificultad a la que deben enfrentarse no solo los familiares de la víctima, sino también quienes la defienden. El sistema está viciado; el sistema desea que callemos. Pero el silencio mata; el silencio no encarcela. Lo sabemos, sin embargo, nos hemos acostumbrado a la violencia y la hemos normalizado.

Hablando del reciente caso de Aida Ati G., me llena de preocupación ver cómo las mujeres soldados siguen siendo sometidas a discriminación y vulnerabilidad, enfrentándose a situaciones degradantes y penosas dentro de estos espacios de formación. Supuestamente, los oficiales de mayor rango deberían hacer visibles los protocolos de respeto e integridad personal, así como garantizar su cumplimiento para asegurar la seguridad de las mujeres. ¡Mentira! Esto no sucede en la actualidad ni sucederá en un futuro cercano si el gobierno sigue permitiendo la discriminación sistemática hacia las mujeres en cualquier ámbito social (político, ministerios, legislativo, vida en general), especialmente en las Fuerzas Armadas del Ecuador, donde en 2021 ocurrió la muerte de María José Morillo, quien evidenció que entre sus superiores y compañeros se refuerzan los roles de poder.

Su muerte quedó impune por el hecho de no mancillar el honor de una entidad que en realidad no sigue rigurosamente lo que predica, lo que tiene escrito en el artículo 66 de la Cartilla de Género de las Fuerzas Armadas. María José no fue la única; tampoco puedo dejar de mencionar el caso de Diva Bravo, quien también fue acosada psicológicamente y amenazada con la destitución solo por ser madre soltera. En estos casos, lo más visible es que los superiores lideran estos actos sistemáticos de acoso e injusticia.

Estos hechos están siendo olvidados; no se ha hecho justicia. Las familias lo han aceptado resignadamente, llevando su dolor como una procesión solitaria por dentro, o siguen buscando ayuda que llega pero no puede atravesar el largo brazo de una ley incongruente.

Esto se notó en el caso de la abogada María Belén Bernal, donde si no hubiera sido por el impacto causado por la voz elevada de su madre y su abogado, además de las extensas marchas por parte de entidades independientes a favor de los derechos de las mujeres y en contra de los femicidios, la verdad descubierta a plena luz del día habría sido ignorada por el gobierno y la entidad misma.

Cuando estos eventos ocurren en estas dependencias, desde el más alto cargo hasta el soldado raso encubrirá lo que vio, escuchó o percibió simplemente porque «rascarle las bolas al tigre» sería mal visto.

Dicho esto, me resulta absurdo que en este caso específico, donde la subteniente Ati fue encontrada muerta en su habitación, no se haya acordonado de inmediato el lugar y se haya evitado bajo cualquier premisa que se emitiera un informe erróneo sobre la causa de su muerte. Independientemente de que exista el caso de desobediencia por asistir a una fiesta clandestina, la agresión a una mujer que lleva el uniforme, que es parte de un equipo y que opera bajo el mismo código establecido por la institución, es un asalto sexual perpetrado por cuatro compañeros, o uno de ellos. Esto también debe ser aclarado a través de los informes periciales.

Según las declaraciones de los implicados, los mayores Javier Pinargote y Freddy Quintanilla, el teniente John Mena y el subteniente Ángel Jiménez acercaron a la subteniente Ati a su habitación, la acomodaron en su cama y le desabotonaron el pantalón para que estuviera más cómoda. Las declaraciones parecen haber sido preparadas. En mi análisis, lo más importante es: ¿cómo se explican los moretones, las laceraciones vaginales, el semen, y sobre todo, el botón negro en el piso?

El botón es la clave principal para determinar que fue una violación, primero de privacidad, ya que Aida no estaba en pleno juicio, y segundo, ¿quién tuvo el interés primordial de desabrocharle el pantalón?

Dejo esto para aquellos que aplican la prontitud investigativa.

La violencia con la que la subteniente Aida Ati fue atacada no tiene rasgos de un acto consensuado. Su violación del derecho a la privacidad, a descansar de su resaca, a decir NO y resistirse, a la profanación de su cuerpo, lleva las firmes huellas del culpable o culpables y la marca nefasta de una institución donde durante años ha reinado un sistema de justicia que no se basa en el derecho a la integridad personal. Esta entidad tiene escondidos muchos años de culpa entre las paredes de sus despachos, aulas, regimientos y altos rangos, quienes se preocupan por silenciar todo.

Conclusión:

Bajo estas circunstancias, es obligación de la ciudadanía y de las entidades a favor de los derechos de las mujeres, así como de la Asamblea Nacional de Ecuador y de todos aquellos incluidos en el gobierno nacional, no solo promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género, sino también ser vigilantes para evitar que estos delitos sigan ocurriendo y no sean verdaderamente penados por quienes fiscalizan la ley. Según informes de la ONU, el 36% de los femicidios reportados en Ecuador son oficiales. Desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de mayo del mismo año, se reportaron 108 femicidios de los 334 en total en Ecuador.

Los únicos países de Latinoamérica que castigan con penas fuertes a los femicidas son Brasil, El Salvador y México.