Economía

Supremo de EEUU alimenta esperanza de Puerto Rico

Las empresas públicas acumulan una deuda de unos $ 20.000 millones, lo que está asfixiando su actividad y la del conjunto de la Administración, que en total adeuda unos $ 72.000 millones.

SAN JUAN. La decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de atender un recurso interpuesto por el Gobierno de Puerto Rico ha alimentado su esperanza de contar de una manera u otra con un mecanismo que permita a las empresas públicas declararse en quiebra.

El Supremo de EE.UU. anunció el viernes su decisión de atender la petición del Gobierno de Puerto Rico de revisar una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Boston que declaraba inconstitucional una ley local que da un marco legal a la quiebra de las corporaciones públicas puertorriqueñas.

Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU., no puede acogerse a la Ley federal de Quiebras, ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana, y la Justicia federal ha visto inconstitucional la norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.

«Tenemos la esperanza de que el Tribunal Supremo de EE.UU. se pronuncie a favor nuestro. Los 3,5 millones de ciudadanos americanos de Puerto Rico no pueden seguir esperando por el alivio», dijo el gobernador Alejandro García Padilla tras conocer la decisión de la máxima instancia judicial estadounidense.

Las empresas públicas acumulan una deuda de unos 20.000 millones de dólares, lo que está asfixiando su actividad y la del conjunto de la Administración, que en total adeuda unos 72.000 millones de dólares.

«La Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas fue creada para proporcionar a las corporaciones públicas habilidades de reestructuración similares a las que tienen otras entidades en EE.UU. y esperamos tener la oportunidad de defender la constitucionalidad de esta legislación», dijo el gobernador en unas declaraciones escritas.

Con la decisión del Supremo se emprende «un largo proceso», pero «tenemos la esperanza de que el Tribunal Supremo se pronuncie a favor nuestro», agregó.

«La crisis en el país se hace más grave cada día que pasa y por ello instamos al Congreso (federal) a actuar ahora proporcionándonos herramientas para reestructurar nuestra deuda y permitir que nuestra economía crezca y así poder aliviar la carga fiscal que enfrentamos», añadió.

El hecho es que los servicios esenciales del pueblo puertorriqueño dependen de esta decisión, advirtió García Padilla, que en paralelo está intentando que Washington acceda a incluir a la isla en la protección de la Ley federal de Quiebras.

La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, también celebró la decisión y dijo que contar con un mecanismo que regule las quiebras «es esencial para que Puerto Rico regrese a la senda del crecimiento y la recuperación fiscal».

Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, catalogó de «histórica» la decisión del Tribunal Supremo y dijo que siempre había confiado en que estudiaría el caso.

La procuradora general, Margarita Mercado Echegaray, también expresó su satisfacción y explicó que ley busca atender «la difícil situación económica por la cual atraviesa la isla».

«La ley es una pieza clave en el programa de recuperación fiscal de las corporaciones públicas y juega un papel sumamente importante en la recuperación económica del país», indicó.

El presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Mark Anthony Bimbela, se refirió a la decisión del Supremo como «un hecho histórico» que implicará «un cambio dramático en la interpretación jurídica de las relaciones entre Puerto Rico y EE.UU.».

Según apuntó, este caso obligará a revisar «los poderes plenarios que tiene el Congreso (de EE.UU.) sobre Puerto Rico» y los límites de la isla para legislar sobre ciertos asuntos.

Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros. (EFE/La Nación)