Las peticiones de investigación del magistrado del STF Edson Fachín, encargado del caso, son consecuencia de la llamada delação do fim do mundo, las confesiones premiadas de los principales ejecutivos de Odebrecht, una de las mayores constructoras del país y de toda América Latina. Las confesiones, que revelaron cómo Odebrecht sobornó durante años a los principales partidos y a sus más destacados dirigentes, habían llevado a la fiscalía general de la República a solicitar la apertura de las investigaciones. Y el Supremo ha aceptado la parte sustancial de sus peticiones.
La lista de los investigados toca de lleno al Gobierno de centro derecha de Temer, formado tras el impeachment a la izquierdista Rousseff y que poco a poco se ha visto en una situación cada vez más comprometida por las acusaciones de corrupción. En esa lista, adelantada por el diario O Estado de S. Paulo, figuran ocho miembros del Ejecutivo, comenzando por el principal de ellos, Eliseu Padilha, responsable de la Casa Civil. También va a ser indagado el titular de Exteriores, Aloysio Nunes, quien, al igual que el de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Wellington Moreira Franco, lleva apenas unas semanas en su cargo. La relación la completan los responsables de Ciencia y Tecnología, Ciudades, Industria, Agricultura e Integración Nacional. En sus nueve meses en el poder, Temer -antes vicepresidente con Rousseff, a quien abandonó para apoyar el impeachment- ya ha perdido a siete ministros, en la mayoría de los casos por causas relacionadas con la corrupción.
El golpe asestado por el Supremo se cobra también una larga lista de víctimas en el Congreso (42 diputados) y el Senado (29 miembros de esa Cámara, un tercio del total). Y ahí ninguno de los grandes partidos se libra. Están, por ejemplo, los presidentes de las dos principales fuerzas políticas que sostienen al Gobierno, Romero Jucá, líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la formación del presidente Temer, y Aécio Neves, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB). Al mismo tiempo, la investigación alcanza a los presidentes de las dos Cámaras.
La oposición, encabezada por el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó durante 13 años hasta el impeachment, no sale mucho mejor parada. Los dos anteriores presidentes de la República, Luiz Ignacio Lula da Silvay Rousseff, ambos del PT, no integran la lista, pero la fiscalía también ha pedido investigarlos. Como ninguno de los dos es miembro de las Cámaras, no disponen de foro privilegiado y la decisión de someterlos a indagación corresponde a instancias judiciales inferiores al Supremo. En la misma situación se encuentra Fernando Henrique Cardoso, del PSDB, presidente entre 1995 y 2003, que también fue incluido por la fiscalía general como una de las personas susceptibles de ser investigada.
En la relación de las diligencias que abrirá el Supremo se encuentran nueve diputados o senadores del PT, entre ellos nombres muy destacados del partido. Lula, además, tiene pendientes otras cinco causas judiciales. Una de ellas, también parte de la Operación Lava Jato, le llevará a declarar como imputado, el próximo 3 de mayo, ante el juez Sergio Moro, el hombre que empezó a tirar del hilo de la corrupción, alrededor de contratos con la petrolera pública Petrobras, hasta provocar el tsunami que tiene en jaque a todo el sistema político brasileño.
Entre los que van a ser investigados por el Supremo ni siquiera falta otro expresidente de la República, Fernando Collor de Melo, destituido en 1986 por acusaciones de corrupción de las que luego fue absuelto. Tres décadas después, con un escaño en el Senado, Collor vuelve a estar bajo sospecha.
El propio Temer esquiva los daños directos, aunque más por la protección jurídica que le otorga su puesto que por la ausencia de acusaciones contra él. Exejecutivos de Odebrecht también le han implicado en la percepción de dinero negro para financiar campañas electorales del PMDB cuando era vicepresidente con Rousseff. Pero la Constitución del país impide juzgar a un jefe del Estado por actos cometidos antes del ejercicio de su cargo. Temer, sin embargo, se enfrenta otra amenaza inmediata: un magistrado del Tribunal Superior Electoral (TSE) pretende solicitar su destitución tras hallar indicios de que la campaña que protagonizaron él y su entonces aliada Rousseff, en 2014, se pagó, cómo no, con dinero ilícito.
REFORMAS IMPOPULARES Y MALESTAR SOCIAL
La impopularidad de Temer empieza a acercarse a la de su antecesora Rousseff, uno de los motivos esgrimidos en su momento para forzar la destitución de esta. Solo un 10% de los brasileños apoya la gestión del actual Gobierno, según la última encuesta del instituto oficial de estadística. El presidente está sometido al fuego cruzado de derecha e izquierda, como prueban las protestas en la calle en las últimas semanas –aunque no excesivamente multitudinarias- de movimientos sociales ligados a ambos espectros políticos.
Pero el presidente prosigue impertérrito con su programa de reformas, por muy contestadas que sean. En los próximos días pretende cerrar el recorte del sistema de pensiones, un objetivo que le obligará a hacer concesiones a sus propios aliados políticos, que no han ahorrado críticas públicas a la propuesta. En cartera tiene además una reforma laboral y una reforma política para implantar un sistema electoral de listas cerradas. (EL PAÍS/LA NACIÓN)
