La Comisión determinó que para presentar sus ofertas y favorecerse del contrato, Recapt supuestamente tuvo un acuerdo con la empresa Solnet, contra la que competía.

QUITO. Tras la denuncia presentada en la Superintendencia de Control del Poder del Mercado (SCPM), el pasado 1 de octubre de 2013 por Aníbal Carrera, presidente Ejecutivo del operador económico Crónix, sobre el proceso de contratación pública del servicio de call center que agenda las citas médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por ello, el pasado martes la SCPM multó con $ 2,34 millones a la empresa Recapt, bajo la resolución “de haber falseado y distorsionado” la competencia durante la etapa de selección del contratista.

La Comisión de Resolución de primera instancia determinó que para presentar sus ofertas y favorecerse del contrato, Recapt supuestamente, tuvo un acuerdo con la empresa Solnet, contra la que competía. Solnet también fue multada con $ 9.874. El tiempo estimado para el pago de la multa de ambas empresas es de 15 días a partir de la notificación de la resolución.

Dicha sanción se basó en el informe presentado por el intendente de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Wagner Mantilla, el cual fue acogido parcialmente. Adicionalmente, el intendente solicitó penas para los once funcionarios del IESS que integraron la Comisión Técnica y la Subcomisión de Apoyo, que revisaron las ofertas, pero esto no fue acogido.

“Supuestamente Recapt y Solnet hacen este acuerdo, ¿y ellas mismas se adjudican el contrato? ¿El IESS aquí no tiene nada que ver?”, cuestionó la abogada de Recapt, María Teresa Torres, negando un acuerdo entre Solnet y su representada, y afirmando que en el proceso de la SCPM hubo irregularidades suficientes para declarar su nulidad.

Además, de que la jurista indicó las inconsistencias en la sanción, analizó interponer un recurso de reposición ante la Comisión, una apelación ante el superintendente Pedro Páez o una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

El IESS adjudicó el contrato a Recapt por $ 19,45 millones. Este fue firmado en marzo de 2012 y terminó en 2014. Luego fue contratada de nuevo por $ 17,9 millones para dos años. Aunque la Procuraduría demandó en 2013 la nulidad del contrato firmado entre Recapt y el IESS en 2012 por indicios de responsabilidad penal, la Fiscalía desestimó ese informe y pidió el archivo de la indagación previa. Aún no hay sentencia.

En agosto de 2015, Cronix descubre documentación de una posible Colusión y de presuntos sobornos a autoridades y funcionarios del IESS, toda la documentación analizada fue remitida a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado y otras autoridades. También se evidenció que ni el fiscal ni la jueza redactaron la parte medular del escrito de desestimación y de la resolución, suponiendo que la redactaron otras personas. (VCV/La Nación)