Opinión

Su televisor, un espía

Juan Carlos Gómez

Diario El Espectador de Colombia

Trump le debe en buena parte la presidencia al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien en plena campaña y desde su hueco de asilo en la embajada de Ecuador en Londres, filtró comprometedores correos de su oponente, Hillary Clinton, un complot de película cuyo cómplice sería Putin, el zar de Rusia.

La semana pasada, el nuevo presidente recibió otro favor con la filtración de miles de documentos que revelarían que la CIA tiene la capacidad de romper la seguridad de teléfonos inteligentes, televisores, carros y, en general, todo lo que esté conectado a internet. De esa manera se estaría espiando a millones de inocentes. Por lo pronto, no hay certeza acerca de si esa agencia también ha logrado hackear aplicaciones como Skype, WhatsApp y Telegram, que se suponen tan seguras.

A propósito de estas revelaciones, la prensa internacional recuerda que Samsung advierte desde 2015 en los catálogos de sus televisores inteligentes que las conversaciones enfrente de esos aparatos pueden ser recibidas por terceros.

En un acto de formidable cinismo, Assange le ha ofrecido su colaboración a empresas de tecnología como Apple, Google y Microsoft, para reforzar la seguridad de sus sistemas y aparatos y evitar la intrusión de la CIA. Algo que no sucederá, pero que revela la capacidad de Wikileaks para conmocionar también a Silicon Valley.

Mientras el mundo aún no se recupera de la última audacia de Assange, nos enteramos de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó un proyecto de circular sobre transferencia y transmisión de datos a terceros países. El proyecto incluye un listado de los países que, según esa entidad, cuentan con un nivel adecuado de protección de los datos personales, dentro de los cuales no se encuentra Estados Unidos, lo que naturalmente causó un gran revuelo.

¿Será que la SIC tiene capacidad técnica para ser también autoridad en ciberseguridad? De manera lenta y casi imperceptible, la SIC se convirtió en la entidad más poderosa de la Rama Ejecutiva, incluso con funciones jurisdiccionales. Un caso único a nivel mundial. Hay que pensar de manera seria —más allá de coyunturas políticas— si eso le conviene a nuestro maltrecho Estado de derecho.

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