Ing. Agr. Jenny Triviño Egüéz.
Foro Agropecuario Ecuatoriano. Ex Rectora del Colegio Galo Plaza Lasso.

 

La Intervención del Estado en el Mercado del Arroz ha sido deficitario debido a que no cuenta con la empresa UNASECO, es decir la Unidad de almacenamiento secado y comercialización para poder regular eficientemente la oferta y demanda de la comercialización y garantizar una rentabilidad justa para el productor.

El sector agrícola ecuatoriano atraviesa un momento definitorio. Tras meses de presiones por parte de los productores y fluctuaciones en los precios de mercado, el Gobierno Nacional ha activado un mecanismo de intervención directa que busca estabilizar la cadena de valor del arroz, garantizando ingresos dignos para el pequeño agricultor y seguridad alimentaria para la población.

La decisión de intervenir en el mercado responde a una demanda histórica de los gremios arroceros de Guayas y Los Ríos.

Políticamente, el Gobierno busca posicionarse como un «comprador de última instancia» para eliminar la figura del intermediario abusivo, quien tradicionalmente capta la mayor parte de la rentabilidad. Esta medida no solo tiene un tinte económico, sino también social, al intentar frenar la migración rural y proteger a las más de 7,000 familias que dependen directamente de este cultivo.

La base jurídica de esta operación se sustenta en el *Decreto Ejecutivo 307, firmado por el presidente Daniel Noboa en febrero de 2026. Este instrumento legal facultó al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGP) para comprar, almacenar, vender e incluso donar arroz y maíz en situaciones de crisis o para regular el mercado.

Este decreto deroga normativas previas y establece un dictamen favorable para el uso de recursos públicos —aproximadamente $8 millones iniciales destinados a la adquisición de 20,000 toneladas de grano. Legalmente, el proceso garantiza el cumplimiento del Precio Mínimo de Sustentación, fijado en $34.00 por saca de 205 libras para arroz de grano corto y $36.00 por saca de 205 libras para arroz de grano largo.

Cronograma y Operatividad (Mayo 2026), este retrasado por falta de programación por parte del MAGP a pesar de que el Presidente Daniel Noboa firmo el decreto en febrero, lo que ha traído como consecuencia el reclamo justo de los productores que han visto como su cosecha se la compra a precios irrisorios.

El proceso ha sido adelantado para responder a la urgencia del sector, estableciendo la siguiente hoja de ruta:
1. Registro y Verificación (Abril – Mayo 3): Inscripción de productores en la plataforma del MAGP y validación de predios.
2. Apertura de Centros de Acopio (Lunes 4 de mayo): Inicio oficial de la recepción física del grano en puntos estratégicos como Arrocesa (Yaguachi), Dajahu (Durán), Planta Burgos (Santa Lucía) y Mejía Coca (Babahoyo).
3. Fase de Pago y Liquidación (Mayo – Junio): Gestión de pagos ágiles a través de BanEcuador una vez verificado el volumen entregado (mínimo 5.75 t, máximo 287.5 t por productor).

Existes algunas Recomendaciones para el Sector que deben cumplir. A los productores es imperatividad contar con el RUC activo, certificado de tenencia legal de tierra y coordenadas GPS del predio para evitar retrasos en la validación documental. Pero también el Gobierno debe mantener la transparencia en los centros de acopio para evitar que se filtren grandes industriales bajo la figura de pequeños productores. La ciudadanía tiene que entender que esta reserva estratégica es una salvaguarda contra la especulación de precios en los mercados minoristas en las tiendas se sigue comprando entre $ 0,50 y 0,60 la libra .

La intervención estatal, aunque debatida en modelos de libre mercado, se presenta hoy como una herramienta indispensable para corregir distorsiones que amenazaban con quebrar la columna vertebral de la alimentación ecuatoriana.

La especulación en el precio del arroz no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de fallas estructurales en la regulación, control y transparencia del mercado. En este contexto, resulta imprescindible que el Gobierno Nacional actúe con celeridad, implementando mecanismos efectivos de supervisión, garantizando precios justos para el productor y accesibles para el consumidor. La inacción del Ministro de Agricultura no solo profundizará la crisis, sino que comprometerá seriamente la seguridad alimentaria del país.

Frente a este escenario, el país no puede permitirse más dilaciones. Es momento de que el Gobierno implemente controles efectivos, fortalezca la institucionalidad del sector agropecuario y establezca reglas claras que frenen la especulación y escuche al sector productivo. Solo con acciones inmediatas y sostenidas se podrá devolver estabilidad al mercado del arroz y confianza a quienes lo producen y consumen. Es Justicia