Opinión

Sin Correa

Diario El Comercio de Perú

El último domingo, los ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir al sucesor del presidente Rafael Correa. Lenín Moreno, candidato oficialista y ex vicepresidente de Correa, ha alcanzado –según el último conteo al cierre de esta edición– el 39,31% de los votos; más de diez puntos por encima del representante del Movimiento CREO, Guillermo Lasso (28,25%), pero décimas por debajo de lo que requería para vencer en primera vuelta (40%). Ambos, entonces, deberán disputar una segunda vuelta el próximo 2 de abril.

Así, el ciclo de Rafael Correa finaliza, llevándose con él un período de la historia ecuatoriana en el que el grueso del poder político se concentró en la figura presidencial y cuyo legado tiene diversos aspectos, por decir lo menos, lamentables.

Empecemos por el plano económico. La gestión correísta alcanzó ciertos logros, como el crecimiento del PBI y la reducción de la pobreza hasta el 2015. No obstante, vale hacer dos precisiones. La primera, que el modelo de crecimiento ecuatoriano se basa en el enorme gasto público, que fue posible solo gracias al ‘boom’ del precio del petróleo y al endeudamiento fiscal. Hoy, con otros precios y habiéndose desacelerado drásticamente la inversión privada (entre el 2002 y el 2006 creció solo 3%), es esperable que Ecuador enfrente un fuerte frenazo. De hecho, la administración entrante deberá lidiar, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), con un segundo año consecutivo de contracción en el 2017.

La segunda precisión que vale la pena hacer es que el crecimiento económico durante el régimen saliente no fue remarcable si lo vemos en perspectiva: de acuerdo con cifras del FMI, entre el 2000 y el 2006, antes de Correa, la economía creció 4,2% anual en promedio, mientras que entre el 2007 y el 2016, con varios años de bonanza petrolera, se creció un promedio anual de 3,25%. ¿Qué tipo de gobierno crece menos que en el pasado contando con muchos más recursos? Por otro lado, si bien la pobreza (según las últimas cifras del Banco Mundial) cayó 13,4 puntos porcentuales entre el 2007 y el 2015, solo entre el 2000 y el 2006 cayó 26,8 puntos. En otras palabras, parece que la “revolución ciudadana” de Correa consistió en reducir la velocidad con la que la pobreza disminuía en su país.

El gobierno de Correa tampoco ha estado exento de escándalos de corrupción. Al destape del Caso Petroecuador –que involucra al actual vicepresidente y candidato oficialista al mismo puesto, Jorge Glas– le siguieron en diciembre último las revelaciones realizadas por Marcelo Odebrecht sobre coimas que la constructora habría pagado para obtener beneficios en ese país. Según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la empresa brasileña ha reconocido que entre el 2007 y el 2016 (período del gobierno correísta) desembolsó más de US$33,5 millones en sobornos a “altos funcionarios del gobierno” ecuatoriano.

Pero, sin duda, la mancha más grande que deja Correa es el atropello general a la libertad de prensa. Como se recuerda, el mandatario se caracterizó por un discurso cáustico contra varios medios informativos, a los que vilipendió públicamente y acusó en más de una ocasión de propagar información falsa. En el 2013, la promulgación de la Ley de Comunicación revistió esta persecución a la prensa con un marco legal y permitió que, hasta el momento, se emitieran 478 sanciones contra medios y periodistas en ese país, según reportes de la ONG Fundamedios.

Este mismo organismo, además, ha recalcado que –a la fecha– el gobierno controla 43 medios de comunicación de manera directa y otros 300 de manera indirecta. Por lo mismo, en abril del 2016, la Sociedad Interamericana de Prensa consideró que en Ecuador “se han perdido las garantías de la libertad de expresión en todos los espacios y medios de comunicación”. Y organizaciones como Human Rights Watch han denunciado el hostigamiento del gobierno contra sus opositores, así como alertado sobre la arbitrariedad en la tipificación de los delitos de terrorismo y sabotaje, hoy utilizados como mecanismos contra críticos que participen en actos públicos de protesta.

Existe la esperanza de que un gobierno sin Correa pueda desajustar la soga que aún hoy asfixia a la libertad de prensa en Ecuador y devuelva al país al camino de un crecimiento real y saludable. Lamentablemente, de resultar vencedor el candidato oficialista, será difícil que esto ocurra.

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