Por: Cmte. Raúl Hidalgo Zambrano/Guayaquil.

 

En la Corte Nacional de Justicia, en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Policial y Tránsito. La Fiscalía General del Estado, basándose en el Informe de la Comisión de la Verdad de 2010 y testimonios de tres exintegrantes de Alfaro Vive Carajo (AVC), acusa a seis militares en servicio pasivo de cometer estos delitos en 1985, durante el gobierno de León Febres Cordero.

El Estatuto de Roma (vigente desde 2002) dice: “… se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Incluyen asesinato, exterminio, esclavitud, deportación forzosa, tortura, persecución y desaparición.

Ejemplos contemporáneos reconocidos por tribunales internacionales, como el de Núremberg, que juzgó el exterminio masivo contra judíos y otros grupos por parte de los nazis. El Tribunal Penal Internacional de Ruanda (1994) instaurado por genocidio sistemático contra tutsis (800.000 víctimas). El Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia por las masacres étnicas (1991-1995). La Operación Cóndor (1970-1980) contra las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay, por desapariciones y asesinatos.

Ecuador, alineado con el Estatuto de Roma, define en el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) como delitos de lesa humanidad en su artículo 89: “aquellos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil por parte del Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia”.

Ejemplos de casos bajo COIP (post-2014): Caso Fybeca (González y otros, 2003), durante un operativo policial en Guayaquil hubo 8 muertos y 3 desaparecidos por confusión con delincuentes; cuatro expolicías se condenaron a 26 años por desaparición forzada; apelación pendiente. Protestas de octubre 2019 (denuncia vs. Lenín Moreno y María Fernanda Romo) por uso de la fuerza letal policial y militar contra manifestantes. Caso actual (Vaca, Cajas, Jarrín), basado en Informe de la Verdad, acusa a seis militares por desapariciones y torturas contra miembros de AVC (1985); juicio en curso.

La memoria histórica registra acciones terroristas de AVC en la década de los 80 como asesinatos, secuestros, extorsiones, robos bancarios y explosiones. 14 policías fueron asesinados. Ejemplos: Secuestro de Nahim Isaías Barquet, gerente de Filanbanco, en Guayaquil. Liberación fallida de un guerrillero en Hospital Eugenio Espejo; asesinaron a tres policías. Asalto y robo al rastrillo de armas de la Policía. Sabotaje a torres eléctricas. Asaltos a los bancos del Pacífico y Producción para financiar operaciones.

El Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002, y el COIP de Ecuador (2014) se aplican a un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, por lo tanto, juzgar acciones que no fueron masivas contra una población civil sino puntuales dentro de la guerra interna durante la década de los 80, es cuestionable.

Además, los hechos históricos demuestran que los militantes de AVC entrenados y armados combatieron como guerrilleros urbanos cometiendo crímenes y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad del Estado, lo que representó una guerra interna con consecuencias. Prevaleció el Estado y

con la aplicación legal de la fuerza logró impedir que AVC siga su camino de terror. Sería un mal precedente que los militares que cumplieron su deber sean juzgados.