Dr. Jorge Alberto Norero Gonzaléz/Guayaquil.

 

 

Si yo fuera ministro de Defensa en las actuales circunstancias, partiría de una premisa elemental: Ecuador necesita la cooperación de los Estados Unidos, pero cooperación no significa subordinación, inmunidad no significa impunidad y asistencia militar no significa transferencia de soberanía.

No tendría ninguna reserva en estrechar la mano de un militar estadounidense que venga a ayudarnos a combatir al narcoterrorismo. Al contrario: aprovecharía al máximo su inteligencia, tecnología, experiencia, capacidad logística y medios de vigilancia.

Pero precisamente porque considero indispensable esa cooperación, exigiría que estuvieran perfectamente claras las reglas del juego.

Hoy ya no estamos hablando solamente de capacitación o asistencia. El Decreto Ejecutivo 424, expedido el 18 de junio de 2026, establece que las Fuerzas Armadas, la Policía y los Estados cooperantes coordinen acciones frente al conflicto armado interno y reconoce inmunidad al personal extranjero conforme a los instrumentos internacionales aplicables.

Y aquí comienza mi responsabilidad como ministro.

¿Quién manda?

Si soldados estadounidenses operan junto a ecuatorianos dentro de nuestro territorio, mi primera pregunta sería:

¿Quién ejerce el mando operacional?

No aceptaría ambigüedades.

La segunda:

¿Quién autoriza el empleo de fuerza letal?

La tercera:

¿Quién identifica y valida el objetivo?

La cuarta:

¿Quién responde si el objetivo era equivocado?

Y la quinta:

¿Quién investiga si muere un ciudadano que no era combatiente?

No son preguntas antiestadounidenses.

Son preguntas que cualquier ministro de Defensa responsable debe formular.

El propio marco del SOFA entre Ecuador y Estados Unidos establece privilegios e inmunidades para el personal estadounidense, pero ese acuerdo no es, por sí mismo, un tratado de defensa mutua ni autoriza automáticamente cualquier misión militar imaginable. La Corte Constitucional lo examinó antes de su ratificación.

Por eso debemos distinguir entre cooperación, presencia, operación conjunta y transferencia de funciones soberanas.

No son la misma cosa.

Ecuador necesita a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita reglas ecuatorianas

La cooperación bilateral es hoy profunda y el propio Gobierno ecuatoriano la presenta como estratégica en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Estados Unidos ha aportado recursos, buques, inteligencia y capacidades para seguridad y defensa.

Bienvenido todo aquello que fortalezca nuestra capacidad.

Pero hay una condición irrenunciable:

las capacidades extranjeras deben fortalecer a las instituciones ecuatorianas, no sustituirlas.

Si llegamos al punto de pensar que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía ya no pueden actuar sin tropas extranjeras, habremos ganado capacidad táctica y perdido algo mucho más importante: capacidad estratégica propia.

La ayuda debe permitirnos hacer mañana lo que hoy necesitamos hacer con ayuda.

Ese debería ser el objetivo.

La inmunidad exige responsabilidad

No me opongo a que existan inmunidades para el personal extranjero cuando estén contempladas en tratados válidamente celebrados.

Pero preguntaría inmediatamente:

¿Cuál es exactamente su alcance?

Porque inmunidad no puede convertirse en una palabra mágica que cierre cualquier investigación.

Si durante una operación conjunta se produce una muerte, debe existir un procedimiento previamente establecido:

preservación de evidencias → investigación → identificación de responsabilidades → determinación de legalidad del uso de la fuerza → reparación cuando corresponda.

Y allí la Fiscalía no puede desaparecer.

Ecuador no puede tener zonas operativas sin control judicial.

Ni siquiera una guerra elimina la responsabilidad del Estado frente a los civiles.

¿Y los falsos positivos?

Esta es, quizá, la pregunta más importante.

¿Qué sucede si la inteligencia indica que una persona pertenece a una organización criminal y posteriormente se demuestra que no era así?

¿Quién responde?

¿El estadounidense que proporcionó la información?

¿El ecuatoriano que la validó?

¿El comandante que autorizó la operación?

¿El soldado que utilizó la fuerza?

¿Todos?

Eso debe estar establecido antes, no después.

Porque el peor error que puede cometer un Estado en una guerra contra el crimen organizado es terminar convirtiendo al ciudadano inocente en una víctima colateral de su propia estrategia.

Y los ecuatorianos deportados

Tampoco mezclaría dos asuntos diferentes.

Estados Unidos tiene sus leyes migratorias y el derecho de aplicarlas.

Pero un migrante irregular no es automáticamente un delincuente.

Y Ecuador tiene el derecho y el deber de exigir que sus ciudadanos sean tratados con dignidad, debido proceso y respeto a sus derechos fundamentales.

Podemos ser aliados de Estados Unidos sin convertirnos en un país que guarda silencio cuando un ecuatoriano es maltratado.

La verdadera amistad entre Estados no consiste en callar frente al aliado.

Consiste en poder decirle:

«Somos aliados, pero somos soberanos.»

No quiero una base extranjera. Quiero una alianza eficaz

La Constitución ecuatoriana mantiene la prohibición de establecer bases militares extranjeras. La Corte Constitucional señaló además que una eventual eliminación de esa prohibición requeriría una reforma constitucional y, posteriormente, un instrumento internacional sujeto a los controles correspondientes.

Por eso, si yo fuera ministro de Defensa, no buscaría convertir a Ecuador en una plataforma militar estadounidense.

Buscaría algo mucho más inteligente:

que Ecuador sea un socio estratégico de Estados Unidos sin dejar de ser Ecuador.

Querría inteligencia compartida.

Tecnología.

Satélites.

Drones.

Interdicción marítima.

Control de puertos.

Seguimiento financiero.

Ciberinteligencia.

Capacitación.

Interoperabilidad.

Y operaciones conjuntas cuando sean necesarias.

Pero con mando, reglas de enfrentamiento y responsabilidad perfectamente definidos.

Porque un Estado que necesita ayuda no deja de ser soberano.

Lo que lo hace perder soberanía es dejar de decidir sobre su propio territorio.

Mi condición como ministro sería sencilla

Le diría a nuestro principal aliado:

> «Estados Unidos, Ecuador agradece su cooperación. Necesitamos su inteligencia, su tecnología, su experiencia y su capacidad. Trabajaremos juntos contra una amenaza que ya no reconoce fronteras. Pero dentro de Ecuador las reglas deben estar claras: quién manda, quién dispara, quién investiga y quién responde.»

Y terminaría con algo todavía más importante:

> «No queremos una relación de dependencia. Queremos una alianza entre iguales.»

Porque la soberanía no consiste en rechazar la ayuda extranjera.

La soberanía consiste en tener la capacidad de aceptar ayuda sin entregar el derecho a decidir quién puede ejercer la fuerza, dónde puede ejercerla y ante quién debe responder.

Ese sería, si yo fuera ministro de Defensa, mi límite y mi compromiso.

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