Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

 

Si la democracia, como modelo político, no logra cambiar al Ecuador, entonces el Ecuador tiene la obligación de preguntarse si está utilizando correctamente la democracia o si simplemente la ha convertido en una palabra solemne detrás de la cual escondemos nuestras frustraciones, nuestras incapacidades y nuestros fracasos.

Porque una democracia sin propósito, sin convicciones y sin conciencia de hacia dónde queremos conducir el Estado termina vaciándose por dentro. Y cuando las instituciones pierden autoridad, cuando la ciudadanía pierde esperanza y cuando la política deja de ofrecer respuestas, el espacio que queda suele ser ocupado por los autoritarios, los déspotas y los salvadores de turno.

Pero cuidado: el problema no es la democracia. El problema es una democracia reducida al acto de votar cada cierto tiempo mientras millones de ciudadanos siguen preguntándose cómo sobrevivir al día siguiente.

Una verdadera democracia no puede limitarse a garantizar la libertad para caminar por las calles, expresar una opinión o discrepar del poder. Esas libertades son indispensables, pero resultan insuficientes cuando quien las ejerce carece de trabajo, oportunidades, salud, educación y condiciones mínimas para construir una vida digna.

Decirle a un ciudadano que es libre mientras se le niegan las herramientas para ejercer esa libertad es una forma particularmente cruel de cinismo.

Es como obligarlo a caminar sobre un campo minado y, cuando finalmente se niega a cruzarlo, acusarlo de cobarde.

Lo más perverso ocurre cuando quienes colocaron las minas se presentan después como humanistas, progresistas, estadistas o defensores de los derechos ciudadanos, mientras contemplan desde una distancia segura las consecuencias de sus propias decisiones.

Una democracia auténtica no puede ser solamente libertad formal. Tiene que ser también capacidad real para elegir un destino.

Y para eso necesitamos algo que quizá hemos perdido: un proyecto de país.

No podemos seguir administrando el Estado como si gobernar consistiera únicamente en apagar incendios, conseguir créditos, reducir temporalmente algún indicador económico o celebrar que las cifras fiscales parecen mejorar mientras la vida cotidiana de los ciudadanos continúa deteriorándose.

Un país necesita saber hacia dónde quiere ir.

Necesita instituciones que funcionen, seguridad para vivir, educación para progresar, salud para proteger a las familias, empleo para construir independencia y una economía que permita que el esfuerzo tenga recompensa.

Y necesita, sobre todo, ciudadanos conscientes de que el futuro no puede ser delegado eternamente en otros.

Por eso el cambio no puede ser solamente político. Tiene que ser también cultural, intelectual y moral.

Ese debe ser el verdadero arsenal de nuestros jóvenes: conocimiento, trabajo, pensamiento crítico, disciplina, libertad, responsabilidad y convicción.

No armas para destruir al adversario, sino herramientas para construir una sociedad distinta.

Porque cambiar es difícil, pero resignarse es infinitamente más peligroso.

Cambiar significa cuestionar aquello que durante décadas se nos presentó como inevitable. Significa reconocer nuestros errores, abandonar dogmas, exigir resultados y atrevernos a imaginar un Estado diferente.

Y si existe la posibilidad de cambiar, entonces intentarlo no es una opción.

Es una obligación.

Una obligación con quienes todavía creen que el Ecuador puede ser distinto.

Una obligación con quienes vienen detrás de nosotros.

Una obligación con nuestros hijos y nuestros jóvenes, para que no reciban como herencia un país condenado a repetir eternamente sus mismos errores.

Mientras nos quede capacidad de pensar, de cuestionar y de actuar, no tenemos derecho a rendirnos.

Porque quizá no sepamos con certeza si lograremos cambiar al Ecuador.

Pero de algo sí podemos estar seguros:

si nunca lo intentamos, jamás sabremos hasta dónde podíamos llegar.

Si cambiar se puede, intentarlo se debe.

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