Shakira defraudó más de 10 millones de euros a la Hacienda española en tres años, según han explicado a EL PAÍS fuentes de la investigación. La cantante colombiana eludió el pago de esa suma entre 2012 y 2014, años en los que, según la Agencia Tributaria, debía abonar sus impuestos en España porque era residente. La Fiscalía investiga ahora la denuncia de Hacienda y también la documentación aportada por la defensa de la artista. En las próximas semanas, decidirá si presenta una querella en los juzgados por tres supuestos delitos contra la hacienda pública.
Hacienda inició una investigación sobre Shakira para aclarar si, desde 2011 -cuando se hizo pública su relación con el defensa del Barça Gerard Piqué- vivía en Barcelona. La ley establece que, si un ciudadano pasa al menos la mitad del año (más un día) viviendo en España, se le considera residente fiscal. Y tiene que tributar en concepto de IRPF por los ingresos que obtiene en todo el mundo al tipo máximo (que ha ido variando con los años, pero que para las rentas más altas, como la de Shakira, se acerca al 50% de los ingresos).
Los técnicos de la Agencia Tributaria examinaron la vida cotidiana de la cantante colombiana: visitaron los establecimientos a los que acudía con frecuencia -como una peluquería de Barcelona- y radiografiaron su actividad a través de redes sociales como Instagram. Llegaron a la conclusión de que, pese a ser una artista internacional que ofrece conciertos en cualquier ciudad del mundo, a partir de 2011 pasó la mayor parte de su tiempo en España. Durante la inspección, los abogados de Shakira «no se mostraron demasiado colaborativos», según fuentes de la investigación. Se limitaron a decir que la cantante tenía su residencia en el paraíso fiscal de las Bahamas, donde posee una casa desde el año 2004.
Hacienda vio indicios de delito fiscal y llevó el caso a la Fiscalía, que inició una investigación. Los 10 millones son una cifra provisional y «a la baja», precisan las mismas fuentes. El ministerio público está examinando las conclusiones de los técnicos, pero también los informes exculpatorios que, en las últimas semanas, ha presentado la defensa de la cantante para evitar que el caso llegue a los juzgados y Shakira afronte un proceso penal.
La Fiscalía contempla en su investigación el trienio 2012-2014, pero no 2011, un ejercicio fiscal ya prescrito que solo se puede perseguir por la vía administrativa. Ese año fue especialmente fructífero para la carrera artística y los negocios asociados (publicidad, marketing) de la cantante colombiana. Hacienda calcula que la cuota defraudada solo ese año asciende a 20 millones de euros, el doble que en los tres años siguientes. Los abogados de Shakira han abonado ya esos 20 millones, pero no porque acepten que hubo fraude, sino porque deben regularizar la situación de la artista antes de poder impugnar la decisión de la Agencia Tributaria. (EL PAÍS/LA NACIÓN)
