Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

 

 

De vuelta a la realidad. Hoy es 1 de julio de 2026, comienza el séptimo mes del año y, con él, el proceso mediante el cual los partidos y movimientos políticos deberán escoger, de acuerdo con la ley y los principios de la democracia, a los mejores hombres y mujeres para representar al país como candidatos a alcaldes, prefectos, concejales y miembros de las juntas parroquiales.

Sin embargo, la teoría suele distanciarse de la práctica. En muchos casos, las denominadas elecciones internas terminan siendo una formalidad donde los verdaderos electores no son los afiliados, sino el jefe del movimiento, el cacique o el propietario político del partido, quien decide finalmente quién será candidato y quién no. Así, la democracia interna corre el riesgo de convertirse en una simple escenificación, mientras la militancia observa, impotente, una decisión ya tomada.

Existe, además, otro elemento aún más preocupante: la influencia del dinero en la política. Persisten denuncias y percepciones sobre la participación de grupos económicos, contratistas y organizaciones vinculadas al crimen organizado en el financiamiento de campañas electorales. Cuando el poder del dinero desplaza al mérito, la capacidad y la honestidad, la democracia pierde credibilidad y la ciudadanía también.

Es evidente que participar en una campaña electoral exige recursos importantes. Lamentablemente, esa realidad ha llevado a que muchos aspirantes dependan de financistas que, más tarde, esperan recuperar su inversión mediante contratos, nombramientos, cuotas de poder o favores políticos. Otros utilizan las campañas como una vitrina para negociar futuros cargos públicos o posiciones de influencia.

En este escenario, el Gobierno también enfrenta un enorme desafío. Después de confrontar políticamente a varias autoridades locales de oposición, hoy parece tener dificultades para encontrar figuras con suficiente experiencia, liderazgo y reconocimiento ciudadano. Por ello, han comenzado a sonar nombres provenientes de ministerios, de la Asamblea e incluso del propio entorno familiar del Presidente. Pero el principal requisito para administrar una ciudad o una provincia no debería ser la cercanía con el poder, sino la preparación, la experiencia y la idoneidad.

Al mismo tiempo, vuelven a aparecer personajes cuya imagen pública ha quedado marcada por cuestionamientos éticos o por una percepción ciudadana negativa. Aunque no todos hayan sido sancionados por la justicia o por los organismos de control, la confianza pública constituye un capital indispensable para ejercer una función de tanta responsabilidad.

Todo esto ocurre mientras el país continúa enfrentando violencia, asesinatos, explosiones, crisis hospitalaria, escasez de medicinas, problemas en el IESS, dificultades en los sectores eléctrico, petrolero y minero, además del creciente costo de la vida. Muchos ciudadanos perciben, además, que el Presidente dedica más tiempo a su agenda internacional que a atender personalmente los problemas cotidianos del Ecuador.

En medio de este panorama, la inconformidad social sigue creciendo. Si la economía no hubiese recibido el alivio que representan las remesas de los migrantes y el dinamismo del turismo interno, probablemente la tensión social sería aún mayor.

Así comienza el séptimo mes del año: con las mismas incertidumbres, los mismos desafíos y las mismas promesas de siempre. Los liderazgos ineficientes volverán a ofrecer soluciones que pocas veces llegan, mientras el país continúa esperando una verdadera renovación política.

Y, como escribió Gustavo Adolfo Bécquer:

«Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar; pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar… esas no volverán.»

Ojalá que, en la política ecuatoriana, algún día tampoco vuelvan la mediocridad, el caudillismo ni la corrupción.

Semper Fi.