Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

 

 

Cuando el relato sustituye al poder y el Estado enferma desde dentro

La septicemia no es una herida visible. Es una infección que avanza por el torrente sanguíneo mientras el cuerpo aparenta seguir en pie.

Así ocurre con ciertos Estados contemporáneos: no colapsan de inmediato, pero se intoxican lentamente por la disociación entre discurso y capacidad real. Ecuador parece hoy un caso de estudio inquietante.

La reciente narrativa oficial que responsabiliza a la falta de cooperación externa —en este caso, de Colombia— por la persistencia del narcotráfico y la violencia fronteriza, revela más sobre la fragilidad interna del Estado que sobre la conducta del vecino.

No estamos ante una estrategia diplomática sólida, sino frente a un relato securitizado dirigido al consumo interno, diseñado para compensar carencias estructurales con gestos simbólicos de firmeza.

Aunque el mensaje se presenta como una interpelación a otro Estado, su verdadero receptor es la opinión pública nacional.

El libreto es conocido y eficaz: “nosotros hacemos esfuerzos”, “el problema viene de afuera”, “tomamos decisiones duras”. Esta tríada no busca cooperación internacional, sino legitimidad doméstica en un contexto de gobernabilidad erosionada.

En ciencias políticas, este desplazamiento del conflicto hacia el exterior es un mecanismo clásico de externalización del fracaso interno.

Cuando el Estado no logra controlar sus núcleos críticos, necesita redefinir el origen del problema para preservar autoridad simbólica.

Soberanía declamada versus soberanía efectiva
Aquí emerge la contradicción central: ¿con qué autoridad se exige corresponsabilidad internacional cuando el propio Estado no controla su sistema penitenciario, ni sus puertos, ni sus economías criminales internas?

Max Weber fue claro: el Estado existe en la medida en que ejerce el monopolio legítimo de la violencia dentro de su territorio.

Un Estado que no controla cárceles convertidas en centros de comando criminal, que no desarticula redes económicas ilegales con logística local y que no depura instituciones infiltradas, pierde credibilidad estratégica para presentarse como socio serio en la lucha transnacional contra el crimen.

La soberanía no se proclama: se ejerce.

Vincular un arancel del 30% a las importaciones con la lucha contra el narcotráfico es, en términos técnicos, una medida performativa, no operativa.
El crimen organizado no responde a incentivos arancelarios, ni los flujos ilícitos se ven afectados por sanciones comerciales.

El costo real de estas decisiones lo asumen los consumidores y los sectores productivos internos, no las estructuras criminales. Se trata, por tanto, de una escenificación de poder, una puesta en escena de decisión política que busca suplir la falta de resultados concretos.

En teoría política, esto se denomina performatividad del poder: parecer fuerte cuando la capacidad real es limitada.

En el ámbito internacional, la credibilidad no se construye con comunicados ni con redes sociales. Se construye con capacidad estatal demostrable.

Desde la perspectiva de cualquier gobierno extranjero, el mensaje es fácilmente decodificable: un socio con control interno precario, que politiza la seguridad y sustituye la cooperación técnica por presión simbólica.
Eso no genera alianzas. Genera distancia, cautela y desconfianza.

El problema de fondo: confundir relato con poder
El núcleo del problema no es el tono duro del discurso, sino la asimetría entre narrativa y realidad. El poder real reduce violencia, controla territorio, impone autoridad en cárceles y desmantela economías ilegales. El relato, en cambio, administra percepciones, desplaza culpas y ofrece tranquilidad momentánea.

Cuando un gobierno confunde relato con poder, termina atrapado en su propia ficción. Cuanto más sobreactúa la firmeza, más visible se vuelve la fragilidad estructural.

Aquí la metáfora se vuelve precisa. La septicemia institucional no se manifiesta con un golpe de Estado ni con un colapso inmediato. Se manifiesta cuando:
el discurso sustituye a la acción,
la técnica reemplaza al sentido,
la propaganda ocupa el lugar de la política pública,
y la responsabilidad se desplaza sistemáticamente hacia afuera.
El cuerpo estatal sigue funcionando, pero la infección avanza.

No se combate el narcotráfico con aranceles ni con mensajes grandilocuentes. Se lo combate con Estado, con autoridad interna, con instituciones depuradas y con coherencia entre lo que se dice y lo que se puede hacer.

Mientras esa brecha persista, cualquier gesto de dureza será solo eso: un gesto.
Y cuando la política se reduce a gestos, el riesgo ya no es el conflicto externo, sino la septicemia institucional que amenaza con volver irreversible la enfermedad del Estado.

Semper Fi.