Lcda. Diana Ochoa/Guayaquil.

 

Hablar de seguridad en Ecuador ya no es hablar únicamente de estadísticas. Es hablar de familias que despiden a un ser querido, de comerciantes que pagan extorsiones, de ciudadanos que miran hacia todos lados antes de salir de casa y de padres que sienten temor cuando sus hijos van al colegio.

El Gobierno ha desplegado policías y militares, ha declarado estados de excepción y ha anunciado nuevos planes para recuperar el control de las calles. En agosto, por ejemplo, se reforzó la seguridad en Quito con 4.000 efectivos adicionales y se renovó el estado de excepción en 10 provincias y tres cantones.

Pero la pregunta fundamental sigue siendo: ¿estas medidas están resolviendo el problema o solamente administrando una crisis que se ha vuelto permanente?

Las cifras muestran una realidad compleja. Entre enero y julio de 2026 se registraron 4.882 homicidios intencionales, menos que en el mismo período de 2025. Sin embargo, junio y julio volvieron a superar los registros de esos mismos meses del año anterior. Es decir, una reducción acumulada no puede convertirse en motivo para bajar la guardia.

Ecuador necesita mucho más que presencia militar en las calles. Necesita inteligencia policial, investigación criminal, jueces protegidos, fiscales respaldados, cárceles realmente controladas y una lucha frontal contra el lavado de activos, el tráfico de armas y las redes que permiten que el crimen organizado se infiltre en las instituciones.

La seguridad tampoco puede depender eternamente de estados de excepción. Una medida extraordinaria puede ser necesaria en momentos críticos, pero no puede convertirse en la normalidad de un país.

Y aquí está uno de los mayores desafíos: recuperar la seguridad sin perder el Estado de derecho. La ciudadanía exige resultados, pero también necesita instituciones fuertes, profesionales y confiables. Mano firme no significa ausencia de controles; significa capacidad del Estado para enfrentar al delincuente respetando la ley.

El Gobierno tiene la obligación de demostrar resultados, no solamente anunciar operativos. Y la oposición tiene la responsabilidad de fiscalizar y proponer, no limitarse a criticar.

Ecuador está cansado de vivir entre discursos, promesas y estadísticas. Lo que quiere es algo mucho más sencillo: poder salir de casa, trabajar, estudiar y regresar con vida.

La seguridad no puede ser un proyecto de gobierno. Tiene que ser una política de Estado.

Porque un país donde la gente aprende a vivir con miedo no puede considerarse verdaderamente seguro.