Antonio Aguirre Medina / Guayaquil
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Con una nueva ley que regula el apoyo complementario y subsidiario de las gloriosas Fuerzas Armadas Nacionales y de la Policía Civil Nacional, que ya está en vigencia, se permite la colaboración militar en la seguridad interna de todo el país, sin la imperiosa necesidad de declarar varios estados de excepción, pero siempre respetando y exigiendo controles ante posibles abusos de poder.

El único procedimiento previo consiste en una solicitud motivada de la Policía Civil Nacional, un informe técnico, el pronunciamiento del COSEPE y un decreto presidencial.

La vigencia del decreto se podrá extender hasta por 180 días, con una sola posible prórroga de 30 días adicionales, tiempo más que suficiente para que las fuerzas del orden actúen en defensa de la seguridad pública y desarticulen cualquier intento desestabilizador de la democracia.

Como la inconformidad podría considerarse un deporte nacional, es posible que algunos gremios e instituciones defensoras de la delincuencia organizada manifiesten su oposición a las medidas destinadas a fortalecer la seguridad del Estado y proteger la vida de sus ciudadanos.