Economía

Sector productivo no están de acuerdo con la Ley de Incentivos a la Producción

Los actores de la producción del Ecuador aseguran que ley perjudica las inversiones y desincentiva a la actividad económica

GUAYAQUIL.- Según la Cámara de Industrias y Producción la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, aprobada  el pasado 22 de diciembre, no fomentará las inversiones productivas que en los próximos años serán indispensables para reactivar la economía, el crecimiento y la generación del empleo.

En un comunicado la institución, asegura que el análisis del Código en el tema de inversiones, debía contar con un análisis más profundo por parte del Ejecutivo y del Legislativo.

Además  asegura que el enfoque que tiene la normativa no atiende la necesidad del país de incrementar la competitividad y productividad, la promoción del cambio a la matriz productiva y tampoco a la realidad actual de un entorno económico complejo.

Según el documento la ley posee ajustes impositivos que perjudican las inversiones productivas y desincentivan la actividad económica. Ejemplos de aquello constituyen gravar la ganancia en la enajenación de acciones, limitar la deducibilidad de los gastos de publicidad incrementar la tarifa del impuesto a la renta en sociedades en determinadas condiciones.

Abre espacios de discrecionalidad para su aplicación e interpretación pues prevé que el cuerpo legal sea complementado en normativa secundaria que emitan distintas autoridades administrativas.

Para el Presidente Ejecutivo de la CIP, Richard Martínez, es necesario contar con normas claras, previsibles y estables, que permitan crear un escenario adecuado para promover la inversión privada, local y extranjera, en el país, con la finalidad no solamente de neutralizar el entorno económico amenazante con el que se proyecta el próximo año sino de dinamizar la economía en el mediano y largo plazo

El sector productivo además advierte la vulnerabilidad de la economía del país basada en el petróleo, razón por la cual hace un llamado a la concreción de consensos nacionales en política pública que permitan incrementar la participación del sector privado en el desarrollo económico y adoptar políticas anti cíclicas que permitan dar sostenibilidad al crecimiento.

Martínez sostiene además que  “el sector privado no puede observarse únicamente como un regulado o un contribuyente más, y que los empresarios aspiran a que la política pública se construya con el sector privado como protagonista del desarrollo sostenible”. (Red. La Nación/ CÁMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION)