Por: Ing. Agr. Mauro Erazo Vélez. Presidente del Foro Agropecuario Ecuatoriano. Presidente de la Asociación de Ingenieros agrónomos del Ecuador. Docente Universitario

 

 

La vulnerabilidad del sector agropecuario ecuatoriano frente a los fenómenos climáticos no es una hipótesis futura, sino una realidad persistente que se ha agudizado en las últimas décadas. Eventos como El Niño y La Niña, cada vez más intensos e impredecibles, han evidenciado las profundas debilidades estructurales del agro nacional: baja tecnificación, limitada infraestructura hídrica y, sobre todo, ausencia de mecanismos sólidos de gestión del riesgo.

El impacto de estos fenómenos se traduce en pérdidas millonarias, reducción de la productividad, afectación a la seguridad alimentaria y debilitamiento de las economías rurales. Miles de pequeños y medianos productores quedan expuestos cada año a inundaciones, sequías o cambios abruptos en los ciclos de lluvia, sin contar con herramientas que les permitan mitigar o transferir estos riesgos. En este contexto, el agro ecuatoriano opera más bajo la lógica de la reacción que de la prevención.

Aquí radica uno de los mayores desafíos de política pública: la necesidad urgente de implementar esquemas de aseguramiento agropecuario de carácter preventivo, accesibles y adaptados a la realidad productiva del país. No se trata únicamente de indemnizar pérdidas, sino de construir un sistema integral que promueva la resiliencia del productor. Seguros paramétricos, coberturas indexadas al clima, fondos de garantía y subsidios focalizados pueden constituir instrumentos clave si se articulan adecuadamente con información meteorológica confiable y sistemas de alerta temprana.

Sin embargo, el aseguramiento por sí solo no es suficiente. Debe ir acompañado de asistencia técnica, ordenamiento productivo, inversión en drenaje y riego, y fortalecimiento institucional. El Estado, la banca pública y privada, y los organismos de cooperación internacional tienen un rol determinante en la estructuración de estos mecanismos. Asimismo, es indispensable fomentar una cultura de gestión del riesgo en el productor, quien muchas veces percibe el seguro como un costo y no como una inversión.

El Ecuador no puede seguir enfrentando los embates climáticos con respuestas improvisadas. La sostenibilidad del sector agropecuario y, con ello, la estabilidad económica y social del país dependen de su capacidad para anticiparse, adaptarse y protegerse. Apostar por esquemas de aseguramiento preventivo no es una opción, es una necesidad estratégica impostergable.