Antonio Aguirre Medina / Guayaquil
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Ya era hora de que la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica prohíba, de forma permanente, el ingreso a ese país de personas vinculadas y de sus familiares directos, a quienes se acusa de estar relacionadas con algunas organizaciones narcodelictivas.

Esta medida fue anunciada por el Departamento de Estado durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a nuestro país.

La ejemplar sanción tiene todos los sustentos legales de la legislación norteamericana, que también incluye a altos exfuncionarios relacionados con los tristemente célebres casos Metástasis y Purga, así como a exasambleístas, jueces y varios servidores judiciales vinculados con organizaciones criminales.

Es de suponer que el Estado ecuatoriano no permita el manoseo ni la intervención de los defensores de los derechos humanos, quienes podrían intervenir a favor de los próximos acusados.