Disolución de Fundamedios es un atentado a la libertad prensa y expresión, dijo su director.

GUAYAQUIL. “Las acusaciones de la Secom no tienen pies ni cabeza, no tienen lógica, racionalidad, lo más grave es que tendremos que presentar pruebas de descargo ante nuestro mismo acusador. Ese acusador sea al mismo tiempo nuestro juzgador, juez y parte una vez más una institución del Estado”.

Con esta frase César Ricaurte, director de la Fundación Andina para el Estudio y la Observación de Medios (Fundamedios), resaltó que el estatuto de la organización, que fue citado por la Secretaria Nacional de Comunicación (Secom), se lo hizo de una forma parcial y manipulada.

El directivo afirmó que ellos no hacen es política partidista. «Nosotros no tenemos candidatos ni programas de Gobierno, tampoco capacitamos a nuestros miembros para que lleguen al poder político».

En entrevista para el programa televisivo Contacto Directo, Ricaurte resaltó que se está atentado contra la libertad de asociación y de expresión. En el primer caso, se da al momento de querer cerrar una organización por causales que, a su juicio, son «abusivos y arbitrarios»; y, en el segundo, cuando el mensaje que manda la Secom, a todas las organizaciones sociales del país, es que no puede haber pronunciamientos, dijo Ricaurte.

“Es como si se hubiese privatizado la política en este país, que es solo propiedad de un grupo del partido de Gobierno, que cualquier otra opinión contraria a esa política es la mala, lo cual es absurdo”, indicó al noticiario de Ecuavisa.

La ONG Fundamedios enfrenta un proceso de disolución en el país por haber incumplido con los artículos 6 y 9 de sus propios estatutos y del artículo 22 del Reglamento del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (RUOS), según la Secom.

Desde su creación en 2007, Fundamedios ha denunciado cerca de 1.300 agresiones contra la libertad de expresión y prensa y ha cuestionado las 126 sanciones contra medios de comunicación y periodistas. “Vamos a encontrar la forma, aunque nos retiren la personería jurídica, de seguir haciendo este trabajo que consideramos fundamental para defender libertades esenciales”. (DO/La Nación)