Una nueva acción constitucional se presentó en contra de la resolución del Consejo de la Judicatura (CJ) que eliminó las dependencias judiciales especializadas en anticorrupción y crimen organizado.

Esa institución argumentó que lo hizo porque tenía menos presupuesto y había baja carga procesal.

Dos magistrados que integraban esas unidades presentaron una acción de incumplimiento en la Corte Constitucional (CC) en contra de Mercedes Caicedo, presidenta de la Judicatura.

Uno de sus pedidos fue dejar sin efecto la decisión tomada a inicios de septiembre.

Los jueces argumentaron que con la eliminación de la unidad, la Judicatura incumplió una sentencia constitucional, emitida el 19 de septiembre de 2022, en la que le dispuso que garantizara la independencia y estabilidad laboral y personal de los jueces anticorrupción.

En tanto, legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), presentaron una demanda de inconstitucionalidad. Viviana Veloz, quien forma parte de ese movimiento político, indicó que esas dependencias especializadas fueron creadas por mandato legal en la Asamblea Nacional después de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.

Una de las solicitudes, sostuvo, es que la CC suspenda la resolución y sean restablecidas las unidades.

Mientras, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea, inició el proceso de fiscalización a la resolución del CJ.

Analizará los justificativos técnicos, jurídicos y administrativos que motivaron su decisión.

 

 

 

 

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