El movimiento político Revolución Ciudadana (RC) presentó a la Contraloría General del Estado una solicitud para que esa entidad inicie un examen especial sobre la gestión administrativa, financiera, operativa y de talento humano vinculada con las dependencias anticorrupción y crimen organizado que fueron suprimidas por el Consejo de la Judicatura (CJ).

La Judicatura el 7 de septiembre de 2026, señaló que, en el marco de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial, reestructuró el modelo de juzgamiento especializado con base en sustentos técnicos, jurídicos y de planificación.

Se aprobó que sus competencias sean asumidas por otras judicaturas penales, de acuerdo con las diferentes etapas de los procesos. Con ello, la capacidad operativa pasará de 19 a más de 50 jueces.

Existen cuatro pedidos de esa organización política a la Contraloría para que examine:

-El uso y destino de los fondos públicos invertidos.

-El sustento técnico y financiero de la decisión.

-La gestión de bienes, activos y talento humano.

-Posibles perjuicios económicos o ineficiencias en el gasto público.

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La resolución de la Judicatura llegó a la Asamblea. En un primer momento su presidenta Mishel Mancheno no consideró necesario realizar un proceso de fiscalización, pero después el bloque de ADN remitió el proceso a la Comisión de Justicia en donde tiene mayoría ese bloque oficialista.

De esa manera evitó que la Comisión de Garantías Constitucionales siga analizando el tema, pues el jueves la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, había sido convocada a esa mesa legislativa, pero se excusó.

En una entrevista, Caicedo indicó que si tiene que enfrentrar un juicio político lo hará pues está para ser fiscalizada y debe dar la cara al país y que las decisiones que toma el pleno de la Judicatura están basadas en informes técnicos y análisis.

 

 

 

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