QUITO. El Pleno de la Asamblea Nacional tendrá la sesión No. 482 este martes, a partir de las 10h30, con el fin de tratar dos convenios internacionales. Ambas herramientas tienen como finalidad proteger los derechos de las personas en movilidad y de quienes habitan o transitan por la frontera Ecuador – Perú. También se presentará un proyecto de resolución para declarar al pueblo Kichwa Salasaka como patrimonio cultural intangible, según la convocatoria efectuada por el presidente del Legislativo, José Serrano Salgado.

Desminado

El Acuerdo por Notas Reservales Ecuador-Perú, para la Conformación de la Unidad Binacional de Desminado Humanitario del Perú y el Ecuador fue adoptado en la XII Reunión de Autoridades de Acción contra las Minas Antipersonales del Perú y Ecuador, celebrada en Lima el 27 y 28 de abril de 2015. Este instrumento tiene informe favorable de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales.

El plan garantiza el libre tránsito de las personas de forma segura, es decir, el desminado incide directamente en este objetivo, pues el Estado ecuatoriano se comprometió a implementar acciones para propiciar la implementación de políticas con el fin de garantizar una cultura de paz que precautele los derechos humanos de los habitantes de las zonas de frontera.

Dentro de las planificaciones está liberar el 95 % de área geográfica fronteriza de minas terrestres hasta 2021. En 2022 quieren llegar al 100 %, por lo que la creación de la unidad contribuye a esta meta. Actualmente están en el 80 % de desminado. Según la Cacillería, el presupuesto bianual es de 20 millones de dólares para cumplir este fin.

Retorno asistido

De inmediato, analizarán el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el retorno asistido, digno, ordenado y seguro de personas.

La Comisión de Relaciones Internacionales, previo a la aprobación del informe, escuchó las opiniones de diversas autoridades. Entre ellos, Patricio Benalcázar, defensor del Pueblo Subrogante, quien reconoció que el acuerdo contiene estándares muy altos y realizó algunas observaciones referentes a que los nacionales en terceros países con residencia en México o Ecuador, o que tengan un familiar ecuatoriano o mexicano, cumplan las condiciones y requisitos sobre unidad familiar.

Manifestó la necesidad de la emisión de un certificado médico legal por parte del Estado, a fin de verificar su condición de salud y preservar su integridad personal durante el proceso de retorno, para de esta forma garantizar un regreso seguro a nuestros migrantes con programas de asistencia y que las personas lleguen hasta su lugar de origen.

Desde el Ministerio del Interior, Andrés de la Vega expresó que este memorándum guarda absoluta armonía con la Ley Orgánica de Movilidad Humana y beneficia a nuestros migrantes, por lo que sugirió la aprobación. A la vez, resaltó la necesidad de que las instituciones del Estado brinden protección y acompañamiento en el retorno asistido de migrantes hasta su lugar de origen, con énfasis en niños, niñas y adolescentes por considerarlos potencialmente vulnerables.

También escuchó la opinión de la Academia. Estuvo el docente universitario Jacques Ramírez, quien recordó que desde el 2001 al 2016, 22 mil migrantes ecuatorianos han sido detenidos en México y de ellos han retornado 18 mil 677 personas.

Por último, el Pleno analizará y se pronunciará sobre el proyecto de resolución para declarar al pueblo Kichwa Salasaka como patrimonio cultural intangible. (Asamblea/LA NACIÓN)