Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

 

 

El verdadero daño ocasionado en los casos PROGEN y ATM no es únicamente económico, aunque hablamos de decenas y posiblemente cientos de millones de dólares comprometidos en contratos bajo emergencia. El daño más profundo es institucional, moral y estratégico para el Ecuador.

Porque cuando un país atraviesa apagones, paralización productiva, hospitales con energía limitada, pérdidas industriales, inseguridad y desesperación social, el Estado tiene la obligación ética y legal de actuar con máxima transparencia y eficiencia. Lo ocurrido demuestra exactamente lo contrario: la emergencia terminó convirtiéndose en terreno fértil para la opacidad, la improvisación y presuntamente para estructuras de corrupción.

En el caso PROGEN, lo más grave no es solamente haber contratado equipos que hoy generan dudas sobre su estado, antigüedad o capacidad real. Lo verdaderamente escandaloso es que durante toda la cadena administrativa nadie haya detenido el proceso cuando los propios técnicos de CELEC empezaron a detectar irregularidades. Allí se rompe el discurso oficial de que todo fue responsabilidad exclusiva de funcionarios menores que firmaron documentos.

Porque en administración pública existe un principio elemental: la delegación de funciones jamás significa delegación de responsabilidad.

Si tres ministros pasaron por el Ministerio de Energía mientras se ejecutaba el contrato, si los pagos continuaron fluyendo, si las garantías no fueron ejecutadas oportunamente y si los informes técnicos advertían inconsistencias, entonces estamos frente a una responsabilidad política de alto nivel.

Y más aún cuando el país estaba bajo emergencia energética y estados de excepción. Precisamente en esos momentos el deber de control debía ser todavía más riguroso.

El ciudadano común se pregunta algo lógico:
¿cómo es posible que técnicos detecten anomalías, pero administradores de contrato, gerentes, ministros y organismos de control no hayan reaccionado?

O peor:
¿reaccionaron y decidieron callar?

En el caso ATM, el daño también tiene una dimensión institucional gravísima. La creación acelerada de estructuras societarias, las vinculaciones internacionales poco claras y la posterior explicación oficial intentando minimizar las fallas técnicas generan la sensación de que se intentó normalizar lo inaceptable.

Cuando el Estado paga por equipos nuevos, funcionales y garantizados, no corresponde luego decirle al país que “los técnicos locales podrán corregir los problemas”. Eso equivale a reconocer implícitamente que el contrato no entregó lo ofrecido.

Y allí aparece otro elemento crítico:
la destrucción de la confianza pública.

Porque mientras el ciudadano pagaba tarifas eléctricas, sufría apagones, pérdidas económicas y miedo por el colapso energético, algunos funcionarios parecían operar bajo la lógica de que la emergencia justificaba cualquier decisión.

No señor.

La emergencia jamás puede convertirse en patente de corso para saltarse controles, reducir fiscalización o beneficiar intereses particulares.

También existe un daño geopolítico y reputacional. Ecuador envió señales de improvisación institucional frente a proveedores internacionales, organismos financieros y gobiernos aliados. Un país que no controla sus contratos estratégicos pierde credibilidad, capacidad de negociación y confianza externa.

Y finalmente existe un daño humano.

Miles de pequeños negocios quebraron o se endeudaron por los apagones.
Hospitales trabajaron al límite.
Estudiantes perdieron clases.
Familias vivieron inseguridad y angustia.
La economía nacional se desaceleró.

Por eso la indignación ciudadana no nace únicamente del posible sobreprecio o de equipos presuntamente usados. Nace de la sensación de haber sido engañados mientras el país entero sufría una crisis real.

El Presidente de la República no puede limitarse a decir que todo fue culpa de funcionarios subordinados. En un sistema presidencialista, los ministros son representantes políticos directos del Ejecutivo. Fueron designados mediante decretos presidenciales y actuaron bajo una política pública de emergencia energética.

Por ello la responsabilidad política también alcanza al más alto nivel del Estado, aunque las responsabilidades penales deban individualizarse posteriormente por la justicia.

El Ecuador necesita algo más que ruedas de prensa y cambios de ministros. Necesita conocer toda la verdad:
quién negoció,
quién autorizó,
quién encubrió,
quién se benefició,
y por qué nadie detuvo contratos que hoy generan tantas sospechas.

Porque cuando un país acepta que la corrupción durante una emergencia se vuelva normal, deja de ser únicamente una crisis administrativa y se transforma en una crisis moral de la República.

Responda Presidente.
El país tiene derecho a saber.

Semper Fi.