El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto 755 el pasado 1 de junio, reglamentando así la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza. En una entrevista con Notimundo al Día, Wagner Bravo, Secretario de Seguridad Pública y del Estado, destacó este paso como un elemento fundamental para restablecer la paz en el país. Además, aseguró que el Estado se asegurará de que los policías y militares no sean condenados por utilizar sus armas en respuesta a una amenaza inminente.

En la misma entrevista, Bravo explicó que con la emisión del reglamento para el Uso Legítimo de la Fuerza se establecen límites para las acciones de las fuerzas del orden en la lucha contra la delincuencia común y organizada. Aclaró que la normativa permite a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los miembros de seguridad penitenciaria usar armas «ante cualquier situación» de amenaza.

Bravo enfatizó que tanto el reglamento como la ley no solo aplican a aquellos que están armados, sino también a aquellos que cometen actos de terrorismo, como la colocación de explosivos. Sin embargo, señaló que el uso de la fuerza será gradual y proporcional a la amenaza presente. «No podemos responder a una manifestación pacífica yendo directamente a disparar», afirmó.

El Secretario de Seguridad Pública explicó que la existencia de una amenaza real permite a las fuerzas del orden hacer uso de sus armas, ya sean letales o no. Tomando como ejemplo una manifestación, Bravo mencionó que si la protesta se intensifica y se lanzan piedras a los agentes policiales o a propiedades públicas o privadas, se podrán utilizar armas no letales para disuadir.

No obstante, Bravo aclaró que esta situación difiere cuando se enfrentan a delincuentes, aunque mencionó que también se evalúa la situación para determinar si es necesario utilizar armas para combatir los delitos.

Además, Bravo destacó que el reglamento, firmado por el presidente Guillermo Lasso, amplía aún más la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza y establece pautas claras sobre quiénes deben actuar y cómo. También se establece el mecanismo para la elaboración de informes que deben presentar los policías, militares y guías penitenciarios. «Hasta el momento, este año no hemos tenido a ningún policía o militar bajo investigación», aseguró.

En relación al ataque armado ocurrido el 4 de junio en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, donde cinco personas murieron y ocho resultaron heridas, Bravo afirmó que se trata de un enfrentamiento entre bandas criminales que buscan eliminarse entre sí. Hasta el momento, no hay detenidos por este incidente.

 

 

(ecuadorenvivo.com)