Lilian Alarcón Durán/Portoviejo-Manabí.

 

La reciente reforma al seguro de depósitos, aprobada por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, introduce un cambio significativo en la forma en que el sistema financiero responde ante la quiebra de una entidad. El seguro de depósitos funcionaba como un mecanismo de protección directa: cuando una institución financiera colapsaba, se activaba el pago a los depositantes hasta el monto asegurado. Sorprendentemente, con la nueva normativa este proceso deja de ser la primera respuesta y se prioriza el traslado de los depósitos a otra entidad activa dentro del sistema financiero.

Este cambio -dicen- responde a una lógica de estabilidad sistémica. En lugar de asumir de inmediato el costo de los pagos, el sistema busca preservar la continuidad de las operaciones financieras de los clientes. Es decir, si una entidad quiebra, los depósitos no desaparecen ni requieren ser reembolsados de forma inmediata, sino que se transfieren a otra institución solvente. Esto permite que los usuarios mantengan acceso a sus recursos sin interrupciones significativas, reduciendo el impacto psicológico y económico que suele generar una crisis bancaria.

Desde una perspectiva técnica, esta medida se alinea con prácticas internacionales conocidas como “resolución bancaria”, donde el objetivo principal es evitar el pánico financiero y proteger la confianza en el sistema. Además, reduce la presión sobre el fondo de seguro de depósitos, preservando sus recursos para situaciones en las que realmente no exista otra alternativa viable.

De hecho, la reforma también plantea retos importantes: 1.- Es la capacidad del sistema financiero para absorber estas transferencias; 2.- Las instituciones receptoras deben contar con suficiente solidez y liquidez para asumir nuevas cuentas sin comprometer su propia estabilidad, y 3.- Se requiere una supervisión estricta por parte de las autoridades para garantizar que estos procesos se realicen de manera transparente y eficiente.

Para evaluar si la reforma es positiva o negativa, se pueden considerar varios criterios claves. Es positiva si logra mantener la estabilidad del sistema financiero, evita el pánico bancario y permite a los depositantes acceder a sus fondos sin interrupciones.

También será favorable si reduce costos fiscales y fortalece la confianza en las instituciones. Podría considerarse negativa, si genera incertidumbre en los usuarios, si las entidades receptoras no tienen suficiente solidez o si los procesos de transferencia fallan.
Su impacto dependerá de la eficacia en su implementación, la supervisión estatal y la claridad en la comunicación hacia la ciudadanía.