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Rechazo de organizaciones sociales a cárcel de Santa Elena

Más de veinte organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos se han pronunciado en contra de la construcción de una de las dos cárceles de máxima seguridad propuestas por el presidente Daniel Noboa. La principal piedra de este proyecto fue ubicada el viernes 21 de junio en Santa Elena.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que reúne a dichos colectivos, anuncia «este es un proyecto prescindible y antitécnico que, también de violar derechos comunitarios y de la naturaleza, incide en las mismas soluciones fracasadas  que han influido en la crisis carcelaria ecuatoriana».

Críticas al Proyecto

En su declaración, la Alianza evaluó la construcción de la reciente «megacárcel» como una medida populista y carente de rigor técnico. «Denunciamos la construcción de la reciente ‘megacárcel’ como una medida populista, falta de dureza técnico», afirmaron.

La prisión se construirá en la provincia de Santa Elena y posee una disposición para 880 reclusos. Queda destinada principalmente a los líderes de las bandas criminales, a quienes el presidente Noboa ha declarado la «guerra» bajo la figura de un conflicto armado interno. Estas bandas son deferente por el gobierno como una de las primordiales causas del prominente índice de muertes en Ecuador.

El Gobierno evalúa que la construcción de la cárcel aceptará relativamente 300 días y tendrá un costo de 52 millones de dólares.

Terrenos en descenso de Chanduy

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha comunicado su preocupación por la localización del proyecto. Según su notificación, los terrenos en el cual se construirá la prisión pertenecen a «comuneros ancestrales indígenas de Bajada de Chanduy».Por otros lados, en estas tierras se encuentra el bosque del predio La Envidia, un ecosistema principal que alberga árboles de más de cien años y una extensa flora y fauna, así como restos arqueológicos de culturas ancestrales de la costa.

En virtud de estos hallazgos, la Alianza sustenta que el Gobierno debe elaborar una consulta previa, libre e informada a los habitantes de la comunidad de Bajada de Chanduy, tal como lo necesita la legislación para proyectos en territorios indígenas.

Por:  Ecuador en Directo Foto Cortesía