Opinión

Realismo político

 

Fuente: Mijael Garrido Lecca – Perù.

Como es de público conocimiento, el Partido Aprista Peruano me ha invitado a integrar su lista de candidatos al Congreso. Yo, honrado y con entusiasmo, he aceptado la invitación: creo que el Perú necesita de una inyección de nuevos políticos jóvenes de todas las tendencias. Sin embargo, el entusiasmo no es suficiente. A pesar de que el periodo para el que las elecciones han sido convocadas es solo de 15 meses es imperativo que la hoja de ruta que cada candidato proponga sea realista. Aprovechando el espacio generoso que este diario me brinda, expondré la mía y haré algunas anotaciones sobre temas en debate.

Algunos consideramos que las acciones llevadas a cabo por el señor Vizcarra el 30 de septiembre constituyen un golpe de Estado. Así, son muchos los que preguntan cómo así es válido postular a un Congreso convocado fuera del marco constitucional. La respuesta tiene su estribo en la primacía de la realidad y en la Historia: si consideramos que se está haciendo uso abusivo del poder por parte de uno de los órganos del Estado, lo peor que se puede hacer es abandonar los demás espacios en una especie de proclama moralista. Fue lo que hizo la MUD en Venezuela y le permitió a Hugo Chávez una Asamblea absolutamente títere.

Dicho lo anterior, el primer y fundamental rol de quienes creemos en la república por encima del populismo está en defender la Constitución y el modelo de economía social de mercado. Sus detractores, la izquierda comunista, está decidida a aprovechar el río revuelto para revisar el pacto social que enmarca las relaciones económicas entre los individuos y el Estado. Este modelo, le pese a quien le pese, ha permitido que más de 7 millones de peruanos salgan de la pobreza y que por primera vez en nuestra Historia las arcas del Estado estén llenas. Llenas del dinero que el señor Vizcarra no sabe ni puede gastar.

Una Asamblea Constituyente, que es la proclama que grita la izquierda más radical, no solo abre la puerta a un cambio en el capítulo económico de la Carta Magna, sino que permitiría -no puede descartarse- que se revise la no reelección presidencial. Así, el señor Vizcarra que tiene una popularidad avasallante basada en la dialéctica generada contra un Congreso lelo y bajo una curiosa bandera de lucha contra la corrupción que solo combate a sus enemigos políticos, podría querer quedarse en el poder. Además, al señor Vizcarra le espera una buena suma de investigaciones que la inmunidad presidencial bien ayudarían a amagar.

Lo primero entonces es la defensa del republicanismo y sus principios, pero eso no puede ser todo: Lima necesita representación real en el Congreso. Por algún motivo, los congresistas elegidos por Lima tienden a tener ínfulas de senadores y se entienden a sí mismos como veedores de los grandes problemas de la patria. Está bien que así sea; sin embargo, su rol de representatividad les reclama una mirada específica y especial a la ciudad de Lima: una megalópolis de más de 10 millones de personas afectadas por una serie interminable de problemas que hacen de su -de nuestra- vida cotidiana poco llevadera.

Entendiendo los plazos y sin ánimos de ofrecer imposibles hay tres aspectos en los que la legislación y la articulación de cierto trabajo se hace menesterosa: los limeños necesitamos un marco legal que permita que nuestras autoridades ediles puedan resolver, junto con la policía, los dos problemas que con mayor ímpetu nos aquejan: el tráfico y la inseguridad. La cantidad de horas que los limeños pierden moviéndose hacia el trabajo y de vuelta es inhumana, y las condiciones de los vehículos distan mucho de las idóneas. La seguridad es una ficción en una ciudad en donde el robo a mano armada se ha vuelto común.

Los limeños nos hemos convertido, además, en una pujante ciudad de empresarios. Y no hablo de la gran banca ni de la gran empresa. Hablo de los millones de limeños que hacen un esfuerzo titánico por sacar adelante a sus familias y espontáneamente generan las transacciones que se convierten en riqueza. Esos limeños, sin embargo, no pueden acceder a la formalidad y no por falta de ganas: los derechos de propiedad son inexistentes y los costos de la legalidad altísimos. Hay que legislar en favor de la libertad de los pequeños empresarios y de las empresas familiares para traerlos a la formalidad.

Lima no puede seguir teniendo una distribución administrativa de 43 distritos. Esto la convierte, simplemente, en una ciudad ingobernable. Lima necesita herramientas legales que faculten a los alcaldes y a la policía actuar con eficiencia. No más “milicos” ni “tombos”. No podemos combatir el crimen en una ciudad en donde los policías que le disparan a los delincuentes en plena flagrancia van presos. Hay mucho que hacer y muy poco tiempo. Es fundamental defender el futuro y dar los pasos iniciales hacia una ciudad más ordenada y menos peligrosa. Pasos que deberán continuarse en el 2021 con vigor.