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Radares de Indra monitorean el espacio aéreo del país

La empresa española fue cuestionada por la Contraloría General del Estado y recibió una glosa de más de $23 millones por una contratación fallida.

QUITO. “El espacio aéreo está monitoreado por los equipos de cuatro radares adquiridos a Indra, lo cual le da validez a los contratos suscritos con la multinacional”, así lo afirmó el ministro de Defensa, Fernando Cordero, luego de que la empresa española fue cuestionada por la Contraloría General del Estado y haya recibido una glosa de más de $23 millones por una contratación fallida para la modernización de la Función Judicial.

Al respecto, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, afirmó que la auditoría a esta firma depende de la gestión que realice la Contraloría, incluso si es que pudieran existir observaciones en el otro contrato (de Indra para la compra de los radares).

“Quienes firmaron el contrato con Indra, no advirtieron del tema. El sistema no funciona, no vamos a permitir un perjuicio de $23 millones”, dijo Jalkh al señalar que los equipos fueron recibidos con visto bueno y que él pidió el estudio de Contraloría tras el fracaso de las pruebas del sistema en Santa Elena.

Ante ello, Jalkh destacó que existen dos acciones judiciales que se tramitan en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, “las resoluciones que se adopten en los próximos días también implicará el resarcimiento de los pagos, según lo determinado por la Contraloría”, manifestó.

Tras lo sucedido, Indra alega que la Contraloría General del Estado no es competente para auditarla y calificarla como responsable directa y deudora principal.

Por este motivo, la empresa se ampara en el artículo 211 de la Constitución, que señala que la Contraloría se encarga del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, lo que no pasa en este caso.

Además, agrega que en el artículo 226 se consagra el principio de legalidad en las actividades pública y administrativa, por lo cual las instituciones del Estado tienen limitada su actividad a la potestad conferida por la Ley. (VCV/La Nación)