Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

 

 

La decisión del Gobierno Nacional de reforzar la seguridad en Quito con el despliegue de 4.000 nuevos policías y militares constituye una respuesta que buena parte de la ciudadanía esperaba frente al preocupante incremento de homicidios, secuestros, extorsiones, robos y otras manifestaciones de violencia que amenazan la estabilidad de la capital.

Las declaraciones del alcalde de Quito, al advertir que si la capital cae bajo el control de las organizaciones criminales podría comprometerse la seguridad del resto del país, reflejan la gravedad de un problema que dejó de ser exclusivamente policial para convertirse en un desafío de seguridad nacional.

Sin embargo, esta medida, aunque necesaria, también evidencia una realidad preocupante: el Estado continúa reaccionando cuando la crisis ya se ha manifestado. En toda estrategia moderna de seguridad, la inteligencia debe anticiparse a los acontecimientos, identificar tendencias, neutralizar amenazas y evitar que las organizaciones criminales alcancen niveles de consolidación territorial. Cuando la respuesta llega únicamente después del aumento de la violencia, el Estado pierde la iniciativa estratégica y concede a los grupos criminales la capacidad de imponer el ritmo del conflicto.

Existe además otra preocupación inevitable. Destinar miles de efectivos adicionales a Quito implica reducir temporalmente la capacidad operativa en otras provincias y ciudades que igualmente enfrentan graves problemas de inseguridad. Las organizaciones criminales suelen aprovechar precisamente estos desplazamientos para expandirse hacia territorios donde perciben menor presencia del Estado. Por ello, el refuerzo de una ciudad no puede convertirse en el debilitamiento de otras.

La seguridad no puede descansar exclusivamente en el incremento del número de uniformados. La experiencia internacional demuestra que el éxito depende de una estrategia integral basada en cinco pilares fundamentales:

– Inteligencia estratégica y operativa permanente.
– Mando unificado y coordinación efectiva entre Policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía y organismos de inteligencia.
– Operaciones sostenidas en el tiempo y no únicamente operativos de impacto mediático.
– Recuperación del control territorial mediante presencia permanente del Estado.
– Evaluación continua de resultados con indicadores objetivos de desempeño.

La presencia simultánea del Ministro del Interior y del Ministro de Defensa transmite un mensaje político importante, pero por sí sola no disuade a las organizaciones criminales. Lo que realmente modifica la conducta del delito es la certeza de una persecución constante, una capacidad de respuesta inmediata y un sistema de inteligencia capaz de anticipar cada movimiento de las estructuras delictivas.

Uno de los principales vacíos continúa siendo la ausencia de una verdadera descentralización de las responsabilidades operativas. Cada comandante de distrito, zona o división debería asumir metas concretas de reducción del delito dentro de su jurisdicción, con indicadores verificables y mecanismos permanentes de evaluación. La seguridad no puede depender únicamente de decisiones centralizadas; requiere liderazgo territorial, autonomía operativa y rendición de cuentas.

Asimismo, resulta indispensable fortalecer la investigación financiera del crimen organizado. Mientras las estructuras económicas que sostienen el narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la corrupción permanezcan intactas, la captura de integrantes operativos apenas producirá reemplazos inmediatos dentro de las mismas organizaciones.

La seguridad también exige planificación. Ningún país derrota al crimen organizado reaccionando únicamente a las emergencias. Se requiere una política de Estado con objetivos de corto, mediano y largo plazo, sustentada en inteligencia, tecnología, interoperabilidad institucional, depuración permanente de las instituciones de seguridad, fortalecimiento del sistema judicial y cooperación internacional.

El país no necesita únicamente más efectivos patrullando las calles. Necesita una doctrina moderna de seguridad que recupere la iniciativa estratégica del Estado y obligue a las organizaciones criminales a actuar siempre bajo presión, sin espacios para reorganizarse.

De lo contrario, seguiremos respondiendo crisis tras crisis, movilizando recursos de un territorio a otro, apagando incendios sin eliminar las causas que los provocan. Y mientras el Estado continúe reaccionando en lugar de anticiparse, serán las organizaciones criminales las que seguirán marcando el ritmo de la violencia y poniendo a prueba la capacidad de las instituciones para proteger a los ciudadanos.

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