Dr.  Jorge Alberto Norero González /Guayaquil

 

 

La renuncia de María Paz Jervis a la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción ha abierto un debate que va mucho más allá de la salida de una dirigente gremial.

Jervis habló fuerte. Dijo que el sector empresarial tenía miedo, cuestionó el silencio frente a determinadas actuaciones del poder y sostuvo que decir las verdades del país no convierte a nadie en enemigo de nadie.

Podremos estar de acuerdo o no con la forma, con el momento o con algunas de sus expresiones. Pero existe una pregunta que no podemos evadir:

¿Puede un gremio empresarial hablar con libertad frente al Gobierno sin que esa posición termine afectando a las empresas que representa?

La respuesta debería ser sí.

Pero también hay otra pregunta igualmente legítima:

¿Puede quien representa a un gremio expresar posiciones que comprometan, directa o indirectamente, los intereses de todos sus afiliados sin contar con un respaldo institucional suficientemente claro?

Aquí está el verdadero problema.

Una cámara empresarial no es un partido político. Tampoco es una organización personal. Representa empresas, inversiones, trabajadores, empleadores y actividades económicas que dependen de decisiones del Estado.

Una declaración desafortunada puede tener consecuencias que van mucho más allá de una discusión política: relaciones con las autoridades tributarias, decisiones regulatorias, permisos, aranceles, créditos, contratación pública, energía, comercio exterior o cualquier otra política que pueda afectar al sector productivo.

Por eso, la independencia gremial no significa irresponsabilidad gremial.

Pero tampoco puede confundirse la prudencia institucional con el silencio por temor.

Un gremio debe poder decirle al Gobierno que está equivocado cuando considere que una política perjudica la producción, el empleo o la inversión. Y el Gobierno, por su parte, debe poder escuchar una crítica sin convertir al crítico en adversario.

Ese es precisamente el valor de las instituciones.

En este caso existe, además, un hecho que merece ser aclarado.

La Cámara de Industrias y Producción informó que aceptó la renuncia de María Paz Jervis y afirmó que mantendrá su carácter gremial e independiente.

Muy bien.

Entonces corresponde una explicación igualmente independiente.

¿La renuncia fue exclusivamente una decisión de María Paz Jervis?

¿Fue solicitada por la propia institución?

¿Hubo una diferencia entre la posición personal de la presidenta ejecutiva y la posición oficial de la Cámara?

¿Existieron conversaciones o presiones provenientes del Gobierno?

¿La decisión respondió a una evaluación interna sobre la forma en que se ejerció la representación gremial?

Son preguntas legítimas.

Y deben responderse con hechos, no con rumores.

Porque si el Gobierno nunca intervino, debería ser el primero en querer que eso quede absolutamente claro.

Y si hubo alguna intervención o presión, entonces el país tendría derecho a conocerla.

No se puede construir una democracia institucional sobre sospechas.

Pero tampoco se puede proteger la institucionalidad escondiendo información.

Para algunos sectores de oposición, la salida de Jervis será presentada como una nueva evidencia de autoritarismo del Gobierno. Para quienes respaldan al presidente Noboa, probablemente será presentada como una decisión interna de un gremio que no puede confundirse con una posición política.

Ninguna de las dos interpretaciones debería convertirse automáticamente en verdad.

La verdad está en los hechos.

La Cámara debe explicar.

El Gobierno también.

Y María Paz Jervis tiene derecho a explicar las razones de su renuncia si considera que existen circunstancias que el país debe conocer.

Porque aquí no estamos discutiendo solamente el futuro de una persona.

Estamos discutiendo algo mucho más importante:

¿Qué tan independientes pueden ser las instituciones de la sociedad civil frente al poder político?

Un país democrático necesita empresarios que produzcan, inviertan y generen empleo.

Pero también necesita empresarios capaces de hablar.

Necesita gremios que defiendan a sus afiliados sin convertirse en instrumentos del Gobierno ni de la oposición.

Necesita autoridades que gobiernen sin exigir silencio.

Y necesita dirigentes gremiales que entiendan que hablar en nombre de un sector no es hablar únicamente a título personal.

Ese delicado equilibrio se llama responsabilidad institucional.

Y hoy, después de la renuncia de María Paz Jervis, Ecuador tiene derecho a saber si ese equilibrio se respetó.

Porque si la salida fue simplemente una decisión interna, debe decirse con claridad.

Y si hubo presión externa, también.

Al final, el silencio puede evitar un conflicto momentáneo. Pero la transparencia es la única que puede preservar la credibilidad de las instituciones.

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