Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil

 

 

La protesta no puede convertirse en sinónimo de impunidad. Lo ocurrido en Otavalo, donde once individuos fueron detenidos in fraganti por incendiar y destrozar el cuartel policial, constituye un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal: ataque a la fuerza pública, daño a bien ajeno, terrorismo y asociación ilícita.

Pretender que estos actos sean presentados como una “manifestación social” es un insulto a la ley y a la ciudadanía. Aquí no hay reivindicación de derechos, sino violencia organizada, chantaje y presión política contra el Estado.

La Fiscalía y el Gobierno Nacional no solo tienen el deber de procesar penalmente a los responsables, sino también de ejercer la acción de repetición y exigir reparación integral a quienes convocaron, promovieron o ejecutaron estos hechos. La CONAIE, como organización que dirige y ampara estas movilizaciones, debe responder civil y patrimonialmente por los daños causados.

No es aceptable que los ecuatorianos, a través de nuestros impuestos, terminemos pagando la factura de vehículos incendiados, locales destruidos, bienes públicos y privados vandalizados. La justicia tiene los mecanismos: incautación de bienes, retención de cuentas, embargo y reparación pecuniaria.

Si realmente queremos que impere el Estado de derecho, es hora de marcar un precedente: el que destruye, paga. De lo contrario, seguiremos atrapados en un círculo de violencia e impunidad que debilita la democracia y amenaza la convivencia pacífica.

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