Santiago Pérez S./Guayaquil

 

Es cierto. Quien nada esconde, nada debe temer. Quien nada oculta, no debería resistirse a investigaciones y exámenes contables y financieros, que profundicen acerca de su patrimonio y del origen lícito de sus ingresos.
Todo lo contrario. Quien bien se sabe inocente de cualquier irregularidad, en el manejo y la administración de bienes o dineros públicos, debería ser el primero en prestarse voluntariamente a investigaciones judiciales e indagaciones fiscales, que reconfirmen sin duda alguna su inocencia.
No es el caso en nuestro querido Ecuador.
Parecería, por sus reacciones y sus pálidas expresiones en entrevistas, que ningún funcionario de la Administración Pública es inocente. Resulta impresionante ver sus demacradas fachas y escuchar sus temblorosas voces, al momento de ser interrogados o cuestionados por tal o cual motivo.
Pero, más que sus descompuestos rostros o su lamentada voz, nos asombra su total desconocimiento de los hechos; su cínico asombro al presentárseles evidencias y documentadas imágenes de su involucramiento directo.
Resulta ofensiva, su férrea negación de haber siquiera estado informado al respecto; a pesar de ser ministros del ramo y por ende, directamente responsables de cualquier entuerto dentro de sus ámbitos de autoridad.
Y es que esto, lo venimos ya viendo y escuchando por un año entero, o más; con respecto a los hediondísimos escándalos eléctricos, de Progén y Austral.
Y ahora, los asombrados somos nosotros; pues resulta que nadie sabe nada, acerca de semejante asalto. Nadie conoce que pasó, como pasó y quien ejecutó la compra de inservibles generadores, usados e inoperantes.
Nadie.
Pero sin embargo, todos se defienden. Todos claman no ser responsables ni participantes del dolo, a pesar de que sus rostros, sus órdenes y sus firmas, están presentes en videos, audios y documentos oficiales.
Llama también profundamente la atención, la ceguera y sordera judicial; que sin vergüenza alguna, demora y posterga inentendiblemente la lógica imputación de responsables directos; en este caso, de Roberto Luque e Inés Manzano; sumados a un estadio completo de funcionarios administrativos y técnicos, que facilitaron la estafa al Estado.
No nos olvidemos también del desvergonzado apoyo impune, por parte del mismísimo gobierno y su Presidente; quienes, muy sospechosamente, han desmarcado a Luque y Manzano de toda investigación.
Si tan inocentes son; porqué impiden el lógico orden investigativo, por parte de Fiscalía y la UAFE; para dejar en claro sin duda alguna su inocencia y apresar a quien sea culpable.
Ya veremos otra vez, como centenares de millones de dólares robados al Estado, beneficiarán a los mas cercanos amigos y colaboradores del Presidente de la República.
Sólo cambiamos de apellido, nada más.
Antes, Correa; hoy, Noboa…