¿Quién es Carlos Alarcón, el perfil que cobra fuerza en el concurso para Fiscal General?
Con la descalificación de 21 candidatos a la Fiscalía General del Estado, el camino para que Carlos Alarcón se principalice en ese cargo parece inminente, pero primero se deberán resolver apelaciones, y que este supere la prueba oral y escrita.
El ascenso de Alarcón a la cabeza de la Fiscalía llegó tras la salida de Wilson Toainga
Alarcón se volvió fiscal general (e) después de la renuncia de Wilson Toainga, quien asumió la dirección de la entidad. Era el subrogante, tras la salida de Diana Salazar, quien aceptó un cargo diplomático y es embajadora del Gobierno de Daniel Noboa en Argentina.
Sin embargo, su llegada a la cabeza de la Fiscalía se allanó un mes antes. En sesión extraordinaria, realizada el 3 de octubre de 2025, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Mario Godoy, designó a Alarcón como la autoridad que asumirá el reemplazo del fiscal subrogante, Wilson Toainga, en caso de ausencia temporal o definitiva.
Según la Judicatura, la decisión fue adoptada con base en informes técnico-jurídicos y en el pronunciamiento que la Procuraduría emitió luego de una consulta realizada por Toainga, quien solicitó comisión de servicios desde el 5 hasta el 10 de octubre de 2025.
En el documento, indicó el Consejo de la Judicatura, se manifiesta que en caso de ausencia temporal o definitiva del fiscal subrogante, la Judicatura designará su reemplazo hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) seleccione a la nueva autoridad titular, mediante concurso público de méritos y oposición.
Estudios y trayectoria de Carlos Alarcón en la Función Judicial
El 21 de noviembre de 2025, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, renunció a su cargo. Fue reemplazado por Alarcón.
El funcionario saliente detalló que había transcurrido un tiempo prudencial de su prórroga en funciones por lo que, hasta esa fecha, el Cpccs no había designado a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, y que tomaba dicha decisión para evitar que el “ejercicio prolongado de prórroga” se torne ilegítimo o se malinterprete.
En abril del 2019, Toainga fue designado como fiscal subrogante para el periodo 2019-2025. Sin embargo, una vez que se concluyó ese periodo sus funciones fueron prorrogadas.
Tras la salida de Salazar, se quedó al frente de la Fiscalía, pero dimitió y tomó la posta Alarcón, que ahora busca permanecer seis años y pasar de encargado a definitivo.
Alarcón es doctor en Jurisprudencia, magíster en Derecho Penal con mención en criminalidad compleja, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena.
Tiene más de 23 años en el ejercicio profesional. Antes de ser fiscal (e) fue el coordinador N° 1 de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Puntaje de Carlos Alarcón en concurso para Fiscal, en la lupa
En la fase de méritos, la Comisión Cívica de Seguimiento, una de las organizaciones que ha hecho un monitoreo al proceso, consideró que la Comisión Ciudadana de Selección, “de manera injustificada” dio 6,5 puntos más a Carlos Alarcón.
En tanto, en la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana, el fiscal (e) tuvo solo una impugnación, la que fue archivada porque quien la planteó no se presentó, mientras que otros tres cuestionamientos fueron inadmitidos.
De 26 postulantes a la Fiscalía, 21 fueron descalificados con lo que Alarcón tendría el más alto puntaje entre cinco concursantes que quedaron: 46,5 sobre 50 puntos. Además hay una diferencia de casi 10 puntos con los que le siguen pues tienen 37,75.
El retiro del aval de la Veeduría Ciudadana
Una vez que se conocieron las resoluciones sobre los cuestionamientos a los candidatos a la Fiscalía, la Veeduría Ciudadana que ha seguido el proceso, remitió cuatro oficios a los consejeros de Participación Ciudadana suscritos por su coordinador, Guido Egas.
En uno de ellos se menciona que por la serie de “irregularidades” detectadas en la fase de impugnación ciudadana, retiran su aval a lo actuado por la Comisión, y solicitaron que se anule el concurso.
La veeduría, a través de Egas, pide además que sean recibidos por los consejeros en audiencia pública para poner en su conocimiento las observaciones, alertas y falta de información que han tenido por parte de esa comisión, en especial, por no haber sido convocados a las sesiones en las que se aprobaron las objeciones.
Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión de Selección que lleva adelante el proceso, prefirió no pronunciarse sobre las críticas que han recibido tras las 21 descalificaciones.
Postulante Inés Romero dice que apelará, al igual que Camacho
Inicialmente Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), quien lidera el concurso por tener el mejor puntaje con 48 sobre 50 puntos, anunció que apelará a la decisión de la Comisión Ciudadana de Selección de descalificarla.
Un día después se unió a ese pronunciamiento Inés Maritza Romero, jueza de la Corte Provincial, y quien está en segundo lugar en las calificaciones de méritos con 47,25 sobre 50.
Romero fue la candidata que recibió más impugnaciones, en total ocho, de las cuales tres fueron aceptadas, por lo que, al igual que Camacho, fue descalificada. Anunció que apelará una vez que sea notificada formalmente con las resoluciones.
En diálogo con LA HORA, mencionó que la decisión de la Comisión Ciudadana de Selección le sorprendió, principalmente porque varias de las impugnaciones dirigidas en su contra se concentraron en cuestionar la condición rural de la parroquia Cumbayá, donde vive, y una acción afirmativa que, acotó, ya había sido revisada, votada y aceptada en una etapa anterior del concurso, con la documentación prevista en el propio reglamento.
“Durante las audiencias este tema fue ampliamente debatido y llegó incluso a plantearse la necesidad de análisis técnicos respecto del suelo correspondiente a mi lugar de residencia. Por ello, considero desproporcionado que una discusión de esa naturaleza termine convirtiéndose en una conclusión de falta de probidad y en mi descalificación del concurso, especialmente cuando no se me atribuye haber presentado documentación falsa, adulterada o carente de validez, pues los propios impugnantes reconocieron la validez del certificado emitido por la Junta Parroquial de Cumbayá”, dijo a LA HORA.
Una vez que reciba las resoluciones completas, analizará detenidamente su motivación y ejercerá los mecanismos previstos en el reglamento, anunció. “Mi posición será estrictamente jurídica y la sustentaré por las vías institucionales correspondientes”, señaló.
LA HORA
