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“Que sea finalmente el pueblo el que tome la última decisión”, Christian Cruz

Cuando tenía ocho años, el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) “quería ser dueño de la empresa del Correcaminos y el Coyote”, esos dibujos de la Warner Brothers en los que siempre decía: marca ACME. Y lo consiguió; ahora es presidente del grupo empresarial ACME. “Pero le di un sentido conforme a mi vida; entonces, es: Armonía de Cuerpo, Mente, Espíritu y Economía: ACME.

Christian Cruz llega milimétricamente puntual y vistiendo un terno tan pulcramente planchado, con mancuernas en la camisa, maletín lustroso de cuero y un lujoso reloj. Antes de empezar, pide unos minutos para hablar un poco de quién es él. Y dice que es ingeniero, empresario, consultor de gobiernos locales, cuatro veces campeón mundial de artes marciales y que recién ganó un premio internacional por promover la paz.

Dice también que decidió postularse a consejero una noche en que su hijo de 10 años le preguntó, mientras veían las noticias, por qué no cambiaba el país.

Lo cierto es que llegó a la Presidencia del CPC tras la destitución del cura correísta José Carlos Tuárez, actualmente en prisión. Pero afronta esta entrevista en un momento álgido. Por un lado, un grupo de ciudadanos busca las firmas necesarias para llevar desaparecer, vía consulta, este cuestionado organismo. Por el otro, la Asamblea tramita unas enmiendas para quitarle competencias.

Quizá por eso, al final de su propia introducción, dice esta frase: “Creo que cada problema es una oportunidad disfrazada. Y es así como yo encuentro fuerza en la adversidad”.

¿Qué plantea ante la recolección de firmas para eliminar el CPC?
Defender la democracia, la voluntad del pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que pido al Consejo Nacional Electoral (CNE)?: que respete las leyes, los reglamentos. El CNE, hace algunos meses, recibió un informe de la Contraloría sobre el sistema informático y eso no se ha implementado.

Pero el informe no tiene nada que ver con la recolección y plazos legales para las firmas. 
Creo que es importante conocer cómo nació el Consejo, en 2007, en la Comisión Anticorrupción. En 2008 se cristalizó a través de una Asamblea Constituyente. Es la voluntad del pueblo la que hay que respetar y si tendría que modificarse parcialmente o totalmente el Consejo, debería ser con Asamblea Constituyente.

Respetar la voluntad del pueblo es también a través de un referéndum, con dictamen favorable de la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en la forma jurídica, no en el fondo ya que si se hubiese pronunciado en el fondo no habría sentido en que el CNE lleve las firmas, que la Asamblea lleve esto a la votación.

La forma es, precisamente, el referéndum.
Así es, hay que respetarlo y que sea finalmente el pueblo el que decida.

Entonces, ya no cabría la Asamblea Constituyente, porque el referéndum está ‘bendecido’ por la Corte.
Esperemos, primero, que los señores de ese Comité puedan recolectar las firmas necesarias. Si es la voluntad del pueblo, tendremos que acogerla y respetarla.

La enmienda (que se tramita) no suprime la institución.
No, solo pasa las competencias de designación de autoridades a la Asamblea.

Que fueron las más escandalosas del Gobierno anterior ¿El Consejo  se opone a esas enmiendas?
El Consejo actual defiende lo que está en la Constitución. Si estas enmiendas van contra la voluntad del pueblo, no estamos de acuerdo.

La elección popular nos dio el presidente anterior del Consejo (José Carlos Tuárez) ¿No hay que purificar el mecanismo para que la elección sea mejor?
Todo en la vida es perfectible ¿Cómo no podemos cometer en las próximas elecciones un riesgo? Mejorando los procesos de selección, ser más prolijos, que todos estemos vigilantes de estos procesos.

¿Se están formando mayoría y minoría en el interior del Consejo?
No, cada uno de los consejeros tiene su criterio y yo he sido respetuoso de eso.

Hubo una sesión a la que asistieron cuatro consejeros (Sofía Almeida, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Javier Dávalos) para tratar el tema del Superintendente de Ordenamiento Territorial ¿Hay fricciones?
Fue una reunión de trabajo. La única sesión que existe es la que el Presidente convoca. Fue una reunión de trabajo que decidieron realizar y yo soy respetuoso.

Se autoconvocaron a sesión extraordinaria.
Sí, pero fue una reunión de trabajo. Aquí hay que hablar con argumentos y legalidades, la única sesión que tiene validez es la que el presidente convoca.

Si bien hay una nueva integración, persisten fallas de procedimiento. ¿Han recibido capacitación?
¿Cuál falla por ejemplo?

Usted intentó instalar una de las últimas sesiones sin aprobar el orden del día. Le tuvo que hacer una observación una de las consejeras.
Son cosas de forma y conforme vamos caminando vamos aprendiendo y mejorando. Yo soy ingeniero financiero y estoy capacitándome todos los días con un abogado constitucionalista en temas de Leyes y otros trámites e inclusive en temas políticos.  Preocupémonos cuando sean temas de fondo.

¿La institución mantiene el esquema correísta o cambiaron a los funcionarios?
En la institución que presido los consejeros somos diferentes. Hay una persona identificada del lado de Rafael Correa, que es Juan Javier Dávalos y que yo respeto mucho. Con respecto a la institución no he tenido la oportunidad de revisar y no me ha permitido el marco administrativo cambiar el personal.

¿Cuándo viaja a Medio Oriente?
El sábado. Me voy de invitado y de jefe de la delegación a la VIII Convención Mundial de la ONU en la lucha contra la corrupción.

¿Quién corre con los gastos?
La institución cubre los gastos del Presidente.

¿Y cuánto invierte la institución?
No conozco detalles, le digo con sinceridad.

¿Amerita en plena crisis económica del país?
Por supuesto. Si tengo la oportunidad de fiscalizar y una posición de país, si puedo llevar un mensaje anticorrupción, por supuesto. (HCR/ASC)

 

 

 

 

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