Economía

¿Qué puede hacer el Gobierno para enfrentar la alta inflación?

El paso más urgente es buscar formas de abaratar los costos de producción en el agro; y reducir las cargas para importar. Se deben acelerar los esfuerzos para que el crecimiento económico sea mayor.

Ecuador es el segundo país de la región con la inflación más baja. La imposibilidad de expandir el gasto a través de la emisión de billetes, y el poco espacio para endeudarse masivamente, ha impedido que se profundice el impacto de la pandemia (problemas logísticos y encaramiento de insumos) y la guerra entre Rusia y Ucrania.

En la región, la subida general de precios promedia más del 11%; mientras en la economía ecuatoriana se llegó al 2,89% hasta el cierre de abril de 2022. Sin embargo, el impacto en el bolsillo de los consumidores se siente sobre todo en el presupuesto que se debe destinar a comprar alimentos y en todo lo relacionado con el transporte.

En medio de este panorama, y con la previsión de que la alta inflación durará por lo menos hasta 2024. Se debe armar una estrategia para que la situación no se convierta en un polvorín de reclamos sociales y económicos.

Volver la mirada al agro

Para minimizar ese impacto, el Gobierno de Guillermo Lasso tiene que enfocarse, en primera instancia, en acciones inmediatas para bajar los costos de producción en el sector agrícola. El nuevo ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, ha asegurado que el primer paso en esa línea será subsidiar el precio y facilitar la importación de la urea, que es uno de los fertilizantes más utilizados en el campo. El costo de ese tipo de fertilizantes se ha incrementando en más de 120% desde 2021, según Rodrigo Gómez de la Torre, ex presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona.

Además, Manzano comentó que, a mediano plazo, se buscará mejorar la cadena de comercialización de los pequeños productores. Para eso, un elemento importantes es dotarles de espacios de almacenamiento de sus productos para que no tengan que venderlos a cualquier precio a los intermediarios y especuladores.

Por otro lado, otra de las necesidades de siempre en el agro es la falta de acceso a crédito y a tecnología. Esa realidad se la quiere cambiar mediante el fomento de la asociatividad; es decir, que varios pequeños productores formen asociaciones o cooperativas para que puedan volverse sujetos de crédito y puedan cubrir de mejor manera los costos.

Facilitar el crecimiento económico

En 2021, debido al exitoso plan de vacunación y mayor entorno de estabilidad fiscal, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 4,2%. Ese crecimiento es un mérito si se toma en cuenta que desde 2015, mucho antes de la pandemia, la economía ecuatoriana solo creció en promedio 0,5%.

En el escenario de alta inflación, lo mejor que puede hacer el Gobierno es buscar formar de que el porcentaje del año pasado al menos se repita en 2022. Para eso, de acuerdo con el economista Alberto Acosta Burneo, el Gobierno debe ir en la línea de reducir impuestos y aranceles que encarecen los procesos productivos, dificultan la adquisición de maquinarias e insumos. Además, se deben eliminar trabas para la importación y en todos los trámites públicos. Para estos fines -señala- deberían financiarse con partes de los mayores ingresos fiscales por el alto precio del petróleo y recaudación de impuestos.

Por otro lado, se deben seguir impulsado contratos de inversión privada. En los primeros 11 meses de gestión, el ministro de Producción, Julio José Prado, ya logró firmar casi $5.000 millones bajo esa modalidad en sectores tan diversos como industria, salud, educación, energías renovables, agricultura, entre otros. El 56% de ese monto ya se va a ejecutar entre 2022 y 2023, por lo que ese será un impacto inmediato.

Sin embargo, un aporte mayor para mejorar la situación económica, y reactivar  a sectores como el de la construcción, debe venir por parte de las obras de infraestructura, sobre todo en vialidad y transporte. En ese aspecto, el Gobierno ha asegurado que tiene un portafolio de alrededor de $14.000 millones en proyectos; pero se necesita agilizar las Alianzas Público- Privadas, las concesiones, y otras modalidades, las cuales tuvieron un frenazo cuando la Asamblea negó la Ley de Inversiones.

Retomar las reformas estructurales

En un escenario en donde la Asamblea se ha vuelto un lastre más que un apoyo para concretar reformas estructurales, el Gobierno de Lasso debe buscar formas de hacer cambios en sectores importantes para la competitividad del país como el mercado laboral. Hasta que se concreten vías como la consulta popular, Ider Salgado, presidente de SD abogados y docente de la Unisek, recalcó que se deben facilitar la contratación, y reducir los costos para el empresario, a través de legislación secundaria, decretos, acuerdos ministeriales, entre otros. Sin embargo, como reseñó Diario LA HORA, en una nota publicada el 21 de abril de 2022, desde el ministerio de Trabajo no hay una hoja de ruta clara para ir haciendo esos cambios necesarios.

Otras reformas, como la del mercado de valores y las zonas francas, quedaron truncas con el rechazo de la Ley de Inversiones; pero el ministro Prado aseguró que se analiza mandar proyectos de ley específicos sobre ambos temas, aunque los plazos no están establecidos porque desde el ejecutivo se espera que haya un mejor ambiente político.

Ayudas directas a los más vulnerables

En otras países de la región, el aumento del gasto público ha profundizado el problema de la inflación. En Ecuador, el Gobierno de Lasso se dedicó su primer año a ordenar las cuentas; y el espacio de mayor gasto es limitado. Sin embargo, organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) proponen que se aumente los bonos y ayudas sociales a los sectores con menos ingresos. Es decir, la vía sería focalizar el gasto para evitar que los problemas de pobreza (profundizados en la pandemia) provoquen más conflictos sociales y ahonden la situación de inseguridad.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, el viceministro de Economía, José Gabriel Castillo, explicó que ya se había presupuestado un gasto en bonos y ayudas sociales de alrededor de $1.300 millones para 2020. Eso representa un incremento del 159%, lo que significa que, si se quiere poner más dinero para este propósito, el esfuerzo de optimización de gasto estatal debe acelerarse. En un principio, el Gobierno estableció que ese esfuerzo iba a concretarse desde 2023.

Controles de precios profundizan el problema

Si se establecen precios por ley, decreto, o disposición de alguna autoridad, en teoría se busca al consumidor; pero en realidad complica más la situación. Rodrigo Gómez de la Torre, ex presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, explicó, a propósito de la Ley sobre la producción lechera que se tramita en la Asamblea, que los precios políticos restan competitividad y afectan a toda la cadena productiva.

Eso da como resultado «más informalidad, golpea a todos, desde los consumidores hasta los productores. La razón de fondo es que lo que se necesita es abaratar los costo de producción, mejorar el acceso al crédito y a la tecnología; caso contrario, se estaría obligando, sobre todo a los pequeños productores, a trabajar con un precio que no cubre todos sus costos y le deja sin oxigeno para mantenerse en el negocio. (JS)

 

 

Diario La Hora