Pedro Castillo no puede ser presidente del Perú. Es un asunto no solo de dignidad, sino de salvación nacional. Como recién está aprendiendo a escoger a la gente adecuada y no se da cuenta de quién es quién, o eso dice, está dejando que el Estado sea asaltado por partidarios incompetentes o por intereses informales y hasta delincuenciales. Inclusive prosenderistas, porque no sabía –eso dijo– que existía el Movadef ni de sus relaciones con el Conare y el Fenate, que ya ha puesto a 13 prefectos.

Varios ministerios, como los de Transportes y Comunicaciones, Educación, Ambiente, Producción, Energía y Minas, y Trabajo, han sido tomados por intereses informales o antimineros, o por militantes indoctos dedicados a la extorsión o a la agitación. Tenemos a Roy Palacios, del Fenate, como viceministro de Gestión Institucional y a Lenin Checco, autor de la ley de colectivos informales, ocupando un cargo en el Ministerio de Transportes, por ejemplo.

A lo que se suma la captura de los reguladores. En la Sutrán, fueron cambiados 22 gerentes por personal incompetente con intereses informales. En la Sunafil, renunciaron a Juan Carlos Requejo, garantía de gestión racional y equilibrada. Indecopi fue obsequiado a Julián Palacín, persona poco preparada para el cargo y con agenda política. En los siguientes meses, se nombra a los presidentes de Osiptel, Ositrán, Osinergmin y Sunass, y podemos temer lo peor.

Para no hablar del asalto a las empresas públicas, como Petro-Perú, donde se despidió a 17 gerentes, que habían sido reclutados por ‘head hunters’, acaso para hacer negociados. En Perú-Petro expectoraron al experimentado Seferino Yesquén para nombrar a Daniel Salaverry.

Así, la voluntad de consultar al pueblo una salida al mar para Bolivia, comprometiendo la integridad territorial de la nación, sobrepasa ya todos los límites permisibles. Linda, efectivamente, con la traición a la patria, y constituye, de hecho, una grave infracción constitucional.

Mientras tanto, no existe agenda de crecimiento y competitividad. No hay nuevos proyectos mineros de clase mundial. Se deja caer Majes Siguas II y se abandona Chavimochic. APM Terminals retira su propuesta para invertir US$1.100 millones. Se encarece la formalidad laboral, se retrocede en reformas clave (educación, transportes, seguridad) y se consolidan leyes que impiden la meritocracia (CAS) y afectan viabilidad fiscal (negociación colectiva).

Lo peor de todo es que los fabulosos y desaprovechados precios de los minerales y la eliminación de la amenaza de la asamblea constituyente consolidan al Gobierno y disfrazan el avance de ese proceso de descomposición, que puede terminar en un Estado fallido. Solo queda que el Congreso asuma con seriedad su rol y detenga el curso de depredación estatal antes de que sea demasiado tarde.