La Asamblea tramitó en primer debate el proyecto de reforma parcial a la Constitución, que impulsa el presidente Guillermo Lasso para que las Fuerzas Armadas puedan coordinar acciones con la Policía en el combate contra el crimen organizado.

El debate fue eclipsado por la presentación del pedido de juicio político en contra de Lasso, por parte de la oposición liderada por el correísmo y el PSC. Esto se dio en la sesión 853 del Pleno el jueves 16 de marzo del 2023, a 99 días de que la propuesta llegó al Parlamento.

Apenas 9 de los 137 legisladores intervinieron y el Presidente del Parlamento cerró la discusión, cuando en el hemiciclo quedó el quórum mínimo para sesionar. Saquicela dispuso que los legisladores remitan sus observaciones por escrito a la Comisión de Enmiendas.

Cambio de proyecto
El oficialismo no puso reparos a que dicha Comisión modificara por completo el proyecto de reforma al artículo 158 de la Constitución. Nathalie Arias (Creo) dijo que la incorporación del Consejo de Seguridad Pública reduce las posibilidades que se produzcan hechos como el 30S. «La propuesta de reforma no debe desnaturalizar el rol histórico de FFAA”, aseveró.

La presidenta de la Comisión, Isabel Enríquez (PK), explicó que para la intervención de los militares en seguridad pública se deberá cumplir tres pasos: una solicitud del Comandante de Policía dirigida al Consejo de Seguridad Pública del Estado; un informe motivado del Consejo; y un decreto emitido por el Presidente de la República.

Recalcó que las FF.AA. brindarán apoyo complementario a la Policía Nacional bajo los estándares: extraordinaria, subordinada y complementaria y regulada. Apuntó que se deberá respetar el ordenamiento jurídico vigente y ceñirse a los delitos de narcotráfico, lavados de activos, tráfico de armas, tráfico de personas y delitos asociados. Además, deberán existir justificaciones reales, control político y constitucional para que no se vulneren los derechos.

Observaciones
En el debate, los asambleístas coincidieron en que el país necesita urgentes medidas para combatir los altos índices de inseguridad, resaltó la Asamblea en un comunicado. También se advirtió la responsabilidad que tiene el Ejecutivo en garantizar la seguridad pública y del Estado con la dotación de los insumos y materiales necesarios para el trabajo de la Policía Nacional y puede disponer el apoyo de Fuerzas Armadas, sin necesidad de una reforma o enmienda, solo con decisión política.

El texto regresará a la Comisión de Enmiendas, que en un plazo de 90 días deberá presentar un informe para segundo debate. En caso de ser aprobado por los legisladores, el proyecto irá a referendo.

 

 

– El Comercio