Documento sería manejado por Ministerio del Interio, no sería público y podría tener acceso restringido

Lourdes Cuesta, asambleísta de Creando Oportunidades, en declaraciones para Ecuadorinmediato.com, se refirió a su propuesta de Ley denominada REVAAS (Registro de violadores y agresores sexuales en Ecuador). La asambleísta busca que el Poder Legislativo apruebe el registro obligatorio de personas que han cumplido condenas por abusos a niños, niñas y adolescentes. De esa forma se pretende que los sentenciados «quede inhabilitados de por vida de volver a trabajar cerca de este grupo».
Con el proyecto de ley denominado “Registro de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales del Ecuador” se busca contar con un documento en donde estén inscritas todas las personas que han cumplido condenas con agresión sexual contra un niño, niña o adolescente.

“Para que quede inhabilitados de por vida de volver a trabajar cerca de este grupo”, mencionó la legisladora.

Asimismo, precisó que el registro sería manejado por parte del Ministerio del Interior, no será público, y podrá solicitarlo el sentenciado y; en ocasiones, quien requiera de sus servicios para trabajar con niños.

“Toda aquella persona que quiera acceder a un trabajo en el sector público, privado, que tenga que ver directamente con niños, niñas y adolescentes deberá presentar el certificado de no encontrarse inhabilitado”, comentó.

Dijo, además, que no se puede solicitar para cualquier trabajo. “Estamos hablando de una empresa de contabilidad, nada tiene que hacer la empresa de contabilidad pidiendo como requisito el certificado de habitación de trabajar con niños”.

“Distinto es que el colegio sí pida el certificado de no estar inhabilitado, si quiere mañana, como madre, contratar un jardinero para mi casa, y tengo a mi hijo pequeño y no quiero que le pase nada, puedo pedir al señor que le voy a contratar que me dé certificado de que no está inhabilitado para trabajar cerca de niños”, ejemplificó.

Cuesta aclaró que no se está discriminando a ninguna persona sentenciada por estos delitos, por el contrario, se está “distinguiendo un grupo, que es de riesgo y de peligro, para otro grupo que tiene un interés superior y de mayor protección estatal”.

“No estamos haciendo que cumplan una condena adicional, no estamos haciendo que paguen por la pena nuevamente. Estamos distinguiendo, de acuerdo al lenguaje internacional, un grupo de riesgo para otro de mayor protección”, mencionó.

“No puede trabajar cerca de niños, puede trabajar en donde quiera, donde guste para lo que se ha preparado, sin problema”, insistió la legisladora, quien manifestó: “Con niños no”.

“No estamos coartando sus derechos, no estamos coartando su trabajo, lo único que estamos haciendo es separarle de este grupo vulnerable. Los pederastas normalmente no son proclives de rehabilitación, por el contrario, reinciden”, sostuvo.

La experiencia internacional en el tema es basta. Por ejemplo, en Estados Unidos, es todavía “más drástico” que la propuesta en Ecuador.

“La ley Megan, en Estados Unidos, hace que una persona que ha cometido un delito de este tipo, si va a vivir a determinado barrio, tiene que ir puerta por puerta donde sus vecinos diciendo: “Soy agresor sexual, cumplí una condena y voy a vivir en esa casa”; existe ya en países como Argentina, Perú, Chile, en México se está por aprobar, al igual que en Colombia, El Salvador, Canadá, Australia”, detalló.

Recordó que en Ecuador se han registrado más de 3.500 denuncias por abuso sexual a menores de edad.

El proyecto de ley está en la Asamblea Nacional esperando la calificación del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) para, después, remitir a una comisión legislativa.

“He hablado con la Presidenta de la Asamblea, está dispuesta a colaborar y ayudarnos a que se incluya en la agenda legislativa el tema por la necesidad urgente de proteger a nuestros niños”, enfatizó.

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