Hace pocos días, hablando de la respuesta a la crisis, un colega mexicano me dijo: “Hay que hacer todo lo que se deba, así se deba todo lo que se haga”. Resume elocuentemente el sentimiento del momento. De esta crisis no saldremos bien librados si no nos endeudamos para evitar una descolgada mayor. El argumento es simple: si no moderamos la caída, va a ser más difícil recuperarnos después.

Lo más importante es proteger el empleo. Cuando la tasa de desempleo sube rápidamente, tarda mucho tiempo en bajar. En 1999-2000, por ejemplo, superó el 18 por ciento y solo hasta 2014 pudimos tenerla de nuevo en niveles de un dígito. Hay buenos argumentos para explicar por qué el ajuste es lento: contratar trabajadores requiere mucha información, y esa información toma tiempo en conseguirse. En el entretanto, el capital humano de las personas desempleadas se reduce, lo cual limita sus capacidades de encontrar trabajo. Es un verdadero círculo vicioso.

Por eso, el objetivo hoy es evitar que las empresas desenganchen trabajadores. Es positivo que el Gobierno haya acogido la fórmula que propusimos hace dos semanas para garantizar el 90 por ciento de los créditos que tomen las empresas que no despidan trabajadores. Ojalá los empresarios pidan los créditos y los bancos los aprueben sin demoras. Si no lo hacen, les darán la razón a quienes dudan de la efectividad del mecanismo. Como la pandemia no va a durar indefinidamente, lo ideal es tomar los créditos y aguantar mientras pasa lo peor.

Pero también hay que reconocer que algunos empresarios y economistas están planteando, no sin buenos argumentos, algo más ambicioso. Siguiendo el ejemplo de varias economías avanzadas, se ha propuesto un subsidio directo del Gobierno al empleo. No dudo de que daría mejores resultados. El problema es su costo.

Redondeando números, en Colombia hay 10 millones de asalariados. Si el Gobierno paga un salario mínimo, que está cerca de 1 millón de pesos con subsidio de transporte, el costo mensual sería de 10 billones de pesos. Aunque la cifra puede reducirse un poco si se excluyen ciertos trabajadores, o si no se paga subsidio de transporte, el número es, en todo caso, descomunal. El Gobierno, desafortunadamente, no tiene esa capacidad en este momento –así los empresarios se comprometan a repagarla en los próximos años–.

Para tener un orden de magnitud, el mayor déficit fiscal autorizado será de 27 billones de pesos, según lo preliminarmente comunicado por el Comité de la Regla Fiscal. De ese monto se tendrán que pagar gastos adicionales para la salud (que ya van en 7 billones de pesos), las transferencias a la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad (5 billones de pesos) y la capitalización del Fondo de Garantías (3,2 billones). Si a esto se le suma la pérdida de ingresos tributarios –que la misma Dian estima en 20 billones–, podemos afirmar que ya no queda espacio fiscal disponible. Por el contrario, el Gobierno necesitará una segunda sentada del comité para subir el cupo en varios billones de pesos y poder acomodar lo ya comprometido.

En estas condiciones, la alternativa para amortiguar la situación económica no va a venir de más gasto público, sino de la flexibilización de la cuarentena bajo la estrategia denominada “aislamiento inteligente”. Pero, para merecer dicho calificativo, tienen que ponerse en marcha medidas basadas en el análisis científico de los datos y no en la influencia de los interesados. Y si los decretos de emergencia son una señal, queda la impresión de que el Gobierno le da más peso a lo segundo que a lo primero, por lo menos en lo que tiene que ver con la suspensión de los aportes a la nómina, donde se necesitaban medidas más audaces que pisaban algunos callos.

El punto de partida de una estrategia basada en evidencia requiere de una mayor capacidad de realizar las pruebas de covid-19. Aunque cada examen es costoso –cerca de 500.000 pesos– el problema, más que la falta de recursos, es la disponibilidad de material reactivo. El Gobierno debe exigirles a los laboratorios internacionales acceso a la tecnología y financiar a los laboratorios colombianos para que los produzcan. Sin eso, no habrá ninguna posibilidad de que la estrategia de flexibilización gradual de las medidas de aislamiento sea verdaderamente inteligente.