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Procuraduría pide que se prohíba vender los bienes de Ricardo Rivera

Tras la muerte de Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, la Procuraduría General del Estado dio a conocer las acciones que emprendió para recuperar el dinero que él debía indemnizar al Estado por su participación en el caso Odebrecht.

Este martes 18 de enero del 2022 se conoció que la Procuraduría solicitó al juez nacional, Byron Guillén, que ordene la prohibición de vender, retener o secuestrar los bienes a nombre de Rivera.

“Solicito que se conceda en favor del Estado ecuatoriano las providencias preventivas de prohibición de enajenar, retención y secuestro de los bienes del señor Ricardo Rivera hasta que se dicten las medidas de embargo de los bienes”, se detalla en el pedido enviado a la Corte Nacional de Justicia.

Según la Procuraduría, “la obligación impuesta por la justicia ecuatoriana de reparar integralmente al Estado no se extingue por la muerte de un sentenciado”.

Rivera falleció el pasado 15 de enero del 2022 a causa del covid-19. Él, Jorge Glas y seis más fueron sentenciados a seis años de cárcel del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Ni el tío de Glas, ni el resto de condenados han pagado los USD 33,3 millones como reparación al Estado por su participación en esa trama de corrupción.

“La reparación integral que debía pagar el sentenciado Ricardo Rivera, junto con otros sentenciados, al Estado ecuatoriano constituye una obligación de carácter patrimonial que debe ser cumplida, es decir, es una deuda para con el Estado”, señala la Procuraduría.

Esa entidad indicó que, si los sucesores Rivera toman posesión de la herencia, deberán pagar la indemnización al Estado.

En cambio, si repudian la herencia, “igualmente el Estado tiene todo el derecho de exigir que se le pague con cargo a los bienes” de Rivera. Si no existen herederos, el Estado también podrá solicitar el embargo de bienes.

La Procuraduría aseguró que “perseguirá los bienes que consten a nombre de todos los sentenciados en esta causa judicial hasta recuperar los montos de la indemnización que deben restituir al país”.

Según las investigaciones de Fiscalía, los ocho sentenciados del caso Odebrecht se asociaron ilícitamente “con el fin de cometer delitos contra la eficiente administración pública” para obtener beneficios económicos en cinco proyectos estratégicos: Poliducto Pascuales-Cuenca, Trasvase Daule-Vinces, Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, Refinería del Pacífico-Movimiento de Tierras y Acueducto La Esperanza.

 

 

 

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