Para tener una prueba que le favorezca al Estado, la Procuraduría General intentó el mes pasado contratar un peritaje que evite un “pago excesivo por concepto de indemnización” a 53 diputados que fueron destituidos en el 2007 y que presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Sin embargo, el proceso de contratación quedó truncado, porque luego de cotizar con tres expertas en derecho constitucional y legislativo, e invitar a una de ellas que propuso el precio más económico, ésta no presentó su oferta.

El director nacional administrativo de la Procuraduría, Nelson Samaniego, declaró desierta la adquisición “por no haberse presentado oferta alguna”, según el documento que consta en los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop. Samaniego, además, dispuso el archivo de la compra, pero dejó abierta la posibilidad de convocar a un nuevo proceso de consultoría “de persistir la necesidad”.

La oposición presiona por la restitución de sus diputados
“Los Estados deben recurrir a estudios periciales para generar defensa de la institucionalidad y de la normativa nacional”, señala la Procuraduría como justificativo de la fallida contratación dentro del caso denominado ‘Fernando Aguirre y otros (53 diputados destituidos del Congreso Nacional)’. Esta causa se encuentra en la etapa de fondo ante la CIDH, organismo internacional que en septiembre del 2017 admitió para su análisis la demanda planteada por los exlegisladores.

Por ello, señalan los documentos, “es de interés institucional para la Procuraduría y para el Estado contar con prueba pericial adecuada, suficiente y pertinente que a su vez, contribuya a evitar el pago excesivo por concepto de indemnización”.

En esta etapa, afirmó David Cordero, abogado de los 53 demandantes, la CIDH deberá tomar una decisión, pues el expediente está cerrado desde la última sesión de este organismo, en Haití el 18 de marzo de este año.

“En este momento, la etapa procesal es ya la espera de que se emita un informe de fondo del caso y ese informe establecerá si se violaron o no derechos fundamentales”, explica el jurista, quien menciona “violaciones al debido proceso, por la forma en que ellos fueron destituidos; a la integridad personal, por las agresiones que ellos recibieron en los días en que fueron destituidos; a los derechos políticos, porque ellos fueron designados por un periodo de tiempo determinado”.

Una de las exdiputadas, Gloria Gallardo, actual presidenta de la empresa pública de Turismo del Municipio de Guayaquil, afirmó: “Nos destituyeron ilegalmente”. “Nos quitaron los derechos políticos, quedamos en indefensión, nos pusieron un juicio, y nos fuimos a Colombia. Yo era cabeza de la oposición, por lo tanto yo estaba a la vista de la turba para matarme”, agregó.

Hasta anoche 15 diputados destituidos viajaron a Colombia
La demanda fue presentada por las ‘presuntas víctimas’, como los menciona la CIDH, en octubre del 2007, luego de que se diera la destitución en marzo del mismo año. Los exdiputados se habían posesionado en enero para un periodo legislativo comprendido del 2007 al 2011.

“Los peticionarios solicitan el pago de una indemnización por las remuneraciones dejadas de percibir a partir de la fecha de su destitución, que fue el 7 de marzo de 2007, y que sería el valor que responda a los salarios correspondientes a los 3 años y 9 meses que les faltaba por cumplir con su período”, señala la Procuraduría y analiza que “en el supuesto de que un tribunal internacional llegue a conocer el presente caso, determine la vulneración de derechos de los peticionarios y en consecuencia, disponga el pago de la indemnización, deberá tomar en cuenta el valor restante de su período como miembros del Congreso Nacional, es decir, 8 meses (de marzo a noviembre del 2007”.

Los exlegisladores fueron cesados por el entonces Tribunal Supremo Electoral, dirigido por Jorge Acosta (Sociedad Patriótica), luego de los mismos destituyeran a Acosta sin un juicio político previo, como señalaba la ley, y con el argumento de que “incumplió los mandatos constitucional y político” al convocar a una consulta popular sin remitirle el estatuto modificado por el Gobierno de Rafael Correa y que dejó abierta la posibilidad de revocatoria del mandato.

La consulta se realizó el 15 de abril del 2007 y disponía la instauración de una Asamblea Constituyente desde noviembre del mismo año, con lo cual el periodo de los legisladores concluyó ese mes.

Revelaciones de F. Correa reviven pagos a ‘diputados de los manteles’
“El caso es de relevancia estratégica para el Estado”, señala la Procuraduría, pues “se ponen en juego, no solo reclamos particulares de presuntas víctimas.., sino porque también se plantean para el Estado respuestas y posiciones jurídicas sobre aspectos constitucionales y de derecho internacional de los derechos humanos”. Y cita, entre ellos, el funcionamiento de la democracia representativa y de participación, la separación de poderes, el Estado Constitucional, la vigencia y legitimidad de la Constitución, y en general el funcionamiento de la institucionalidad pública del Ecuador.

En cambio, para el abogado de los demandantes, “lo más importante en este proceso es que se declare de qué manera se violaron los derechos humanos y que eso marque un precedente para los jueces nacionales, para que estudien la sentencia y en base a eso puedan evitar que esto vuelva a ocurrir”. Cordero agregó: “no nos preocupa si es que el estado está haciendo estos peritajes, primero porque no es el momento procesal para discutir eso, y segundo porque no es lo que buscan los exdiputados; ellos no están en un procedimiento por una indemnización económica”. (I)

Destitución
Los exlegisladores fueron cesados por el entonces Tribunal Supremo Electoral, dirigido por Jorge Acosta (Sociedad Patriótica). Antes, habían destituido a Acosta con el argumento de que “incumplió los mandatos constitucional y político” al convocar a una consulta popular que permitió la revocatoria del mandato.

Constituyente
La consulta se dio el 15 de abril del 2007 y disponía la instauración de una Constituyente desde noviembre del mismo año. Con ello, el periodo de los legisladores finalizó ese mes.

Testimonios de exlegisladores del Congreso
Alfonso Harb Viteri
«Son 13 años… Lo que queremos es que organismos internacionales nos den la razón y reconozcan que hubo un grupo de diputados que supimos cumplir con los intereses del pueblo, defendiendo los intereses de sus votantes y supieron oponerse para evitar que el Socialismo del Sigo XXI se tome el país como después se lo tomó. Pretendemos que se nos reivindique políticamente nuestra lucha, que quede para la historia que hubo 57 diputados que no fueron a negociar hospitales, a buscar troncha…”

German Obaco Díaz
“Nos suspendieron los derechos políticos, nos quedamos sin identificación. Eso fue un golpe psicológico y económico para mi familia. Para el puesto de diputado saqué licencia sin sueldo, porque era servidor público en la exdirección provincial de Educación de Sucumbíos. Luego me restituyeron el cargo, trabajé, pero no me pagaron seis meses. Por el negocio de papelería de mi esposa solventamos las necesidades básicas; mis excompañeros (de la dirección) hicieron una colecta para ayudarme. En 2008 nuevamente me reintegré y trabajé hasta 2014. Como soy sociólogo hago consultorías”.

Luis Pachala Poma
“Nos quitaron un espacio en el Congreso elegido por el pueblo, y luego de las decisiones judiciales ganadas, no les valió nada. Pusieron policías, nos maltrataron para tomar el control de todo el Estado . Trabajé en colegios privados, volví a mi función de maestro y, tras cumplir el tiempo que se vulneró mi derecho político, volví a la política. Ahí demostramos que siempre tuvimos liderazgo. En 2009 fui candidato a Alcalde de Guaranda, fui Consejero del quinto poder, y luego gané en las elecciones del 2017 como Asambleísta. Soy jefe del bloque de Creo”. (I)

 

 

 

 

 

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