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Proceso de fiscalización a la situación de las personas privadas de libertad avanza en la Comisión de Garantías Constitucionales

César Córdova, defensor del Pueblo, compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales, dentro del proceso de fiscalización de la situación de las personas adultas privadas de la libertad (PPL).

El Defensor del Pueblo afirmó que el sistema carcelario vive un problema grave que exige respuestas urgentes por parte del Gobierno Nacional, a la vez aseveró que según la normativa legal y constitucional la Defensoría del Pueblo tiene competencias para prevenir e impedir las torturas, tratos crueles y degradantes en todas sus formas.

Informó que la Defensoría del Pueblo ha realizado 206 visitas a la población carcelaria afectada por la falta de alimentación, en los centros de privación de libertad en las diversas provincias del país. Reveló que, en la mayoría de ellos, los PPL reciben dos raciones alimenticias al día, mientras que en Cotopaxi reciben una comida diaria, que contiene, especialmente, carbohidratos, como plátano verde y papa, sin considerar que hay internos que tienen enfermedades como la diabetes.

Afirmó que, según el SNAI ha realizado los procesos ante el Ministerio de Finanzas para que realice los pagos por alimentación correspondientes a noviembre y diciembre de 2023, pero que no se han entregado los recursos, por lo que se atiende la alimentación con donaciones por parte de familiares de PPL y organizaciones de la sociedad civil.

Recordó que el 2 de mayo último, el juez competente aceptó medidas cautelares y dispuso al Ministerio de Finanzas que en el plazo de 15 días entregue los fondos para garantizar el derecho a la alimentación, pero que no transfiere los valores adeudados por alimentación.

El funcionario detalló las dificultades que se han presentado en el proceso de contratación del servicio de alimentación, entre ellas, el presupuesto bajo, es decir 2.50 dólares para tres comidas diarias.

César Córdova aseveró que a esto se suma un problema en la salud, pues los centros de privación de la libertad no cuentan con consultorios de atención médica, ni tienen el equipamiento necesario, pues la atención es básica, y no tienen capacidad para atenciones graves.

Por:  Radio Huancavilca