ESPAÑA. Un juez dictó este lunes una orden de 18 meses de prisión preventiva contra cinco empresarios peruanos asociados a la constructora brasileña Odebrecht en el segundo y tercer tramo de la carretera Interoceánica Sur. Entre ellos se encuentra José Graña Miró Quesada, quien fue durante décadas el presidente de directorio de Graña y Montero, la principal firma constructora de Perú, hasta que renunció en febrero. Es, además, el accionista mayoritario del Grupo El Comercio. El juez fijó el arresto domiciliario de uno de los directivos, internado en una clínica por un cáncer.
“El Perú será testigo de si el sistema de impartición de justicia trata con la misma vara a todos los ciudadanos en el país”, dijo la mañana del domingo el fiscal Hamilton Castro al pedir al juez la prisión preventiva de cinco empresarios de las más grandes constructoras peruanas que formaron consorcio con Odebrecht. Dieciséis horas más tarde, el juez Richard Concepción Carhuancho emitió una orden de captura para cuatro, entre ellos, Graña Miró Quesada.
Castro, quien dirige el equipo anticorrupción a cargo de las pesquisas sobre el pago de sobornos de Odebrecht, quiso evitar que Graña y otros cuatro ejecutivos de JJ Camet Contratistas Generales y de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) abandonaran el país, como ocurrió con el empresario Gustavo Salazar, expresidente del Club Regatas, quien había recibido dinero de la constructora como intermediario de un gobernador regional. Graña y su familia tienen el 11% de las acciones del Grupo El Comercio, dueño del diario El Comercio, junto a otros 167 accionistas, según una investigación del medio digital Ojo Público.
El juez emitió la orden de búsqueda y captura para los investigados por los delitos de colusión agravada y lavado de activos, ya que las empresas peruanas, junto con el gigante brasileño, presuntamente pagaron 15 millones de dólares en sobornos al expresidente Alejandro Toledo para la concesión de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur, que une la costa de Perú con el oeste de Brasil. Además de Graña fueron detenidos Fernando Camet, presidente de JJ Camet; José Castillo Dibós, director general de ICCGSA; y Hernando Graña Acuña, otro miembro del directorio de Graña y Montero.
Arresto domiciliario
El juez Concepción fijó, además, la detención domiciliaria de Gonzalo Ferraro Rey, otro directivo de Graña y Montero, internado en una clínica debido a un tratamiento contra el cáncer. El magistrado estableció como condiciones para Ferraro “la custodia policial con dos efectivos, y la prohibición de comunicarse con sus co-investigados y el colaborador eficaz [Jorge Barata, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú]”. Además, solicitó un teléfono móvil para que, a través de WhatsApp, la Fiscalía pueda monitorear su permanencia en la clínica.
En febrero, José y Hernando Graña renunciaron a sus cargos después de que las acciones de la empresa cayeran en la Bolsa de Valores de Lima y la reputación de la firma se viniera abajo. La renuncia, explicó entonces la empresa en un comunicado, se debió a “la terminación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, la caída de la acción y las falsas imputaciones realizadas por el exrepresentante de Odebrecht en Perú”.
El fiscal Castro consideró que las actas de las empresas asociadas con Odebrecht para la obra prueban que aceptaron el pago de sobornos al entonces presidente Toledo (2001-2006), como relató Barata en Brasil en enero de este año. “El resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles; sabían que habíamos pagado y que tenían que asumir lo que les correspondería”, aseguró el exrepresentante de Odebrecht en Perú.
Las actas indican que las firmas peruanas renunciaron a parte de sus utilidades por los “riesgos adicionales” que la compañía brasileña tuvo que asumir en ese proyecto. La administración de justicia se desarrolla en un terreno interferido por el juego político. Los tres primeros personajes contra quienes las autoridades emitieron órdenes de captura tras las revelaciones de Barata fueron Toledo, Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia; los dos últimos, en prisión.
LA PRESIÓN DEL FUJIMORISMO A LOS FISCALES
El partido fujimorista Fuerza Popular, con mayoría en el Congreso, presentó en noviembre una acusación contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por no investigar a Graña y Montero y a las otras constructoras. Sánchez tuvo que revelar información sobre la investigación de Hamilton Castro. La amenaza surgió tras la reactivación de una investigación contra un financista y exparlamentario fujimorista. (EL PAÍS/LA NACIÓN)
