Economía

El Presidente de la República vetó parcialmente Ley sobre Paraísos Fiscales

El Primer Mandatario propone que se incluya en el cuerpo legal un texto en el cual los ciudadanos presenten una declaración juramentada ante un Notario Público

Quito. El Presidente de la República, Lenín Moreno, remitió la objeción parcial a tres artículos y a cuatro disposiciones reformatorias sobre la aplicación de la Ley que prohibe bienes o capitales en Paraísos Fiscales. 

El Jefe de Estado propone una excepción para que las disposiciones de ese cuerpo legal no se apliquen a funcionarios del servicio exterior quienes cumplan tareas en un país o jurisdicción considerada como paraíso fiscal. Pero aclara que los funcionarios podrán mantener sus bienes o cuentas en esos países siempre y cuando estos hayan sido necesarios para el cumplimiento de la misión y que los mismos hayan sido adquiridos en el transcurso de la misma.

Las objeciones a los artículos 8 y 9 a ese cuerpo legal se refieren a la sanción y al procedimiento en cuanto a plazos para la destitución o presentación de defensa y pruebas de descargo. Ahí propone que el plazo para destituir a los funcionarios que no cumplan con esa Ley sea de 10 días y que incluso la Contraloría General del Estado sea quien lidere ese proceso cuando la entidad nominadora no lo realice. Se añade que el funcionario podrá impugnar por vía judicial en un plazo de hasta 60 días.

El Primer Mandatario propone que se incluya en el cuerpo legal (en el artículo 95) un texto en el cual los ciudadanos (quienes opten por un cargo de elección popular) presenten una declaración juramentada ante un Notario Público en la cual  indiquen que no se encuentran incursos en las prohibiciones previstas en la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular aprobada el 19 de febrero de 2017.

La Ley sobre Paraísos Fiscales, que prohíbe ejercer cargos públicos a funcionarios y a todo dignatario de elección popular que tenga bienes en paraísos fiscales, fue aprobada en primera instancia el pasado 6 de julio en el Legislativo. Este cuerpo legal nace por mandato popular aprobado en la Consulta Popular de febrero pasado. (El Ciudadano/LA NACIÓN)